Juan Gelman, María Claudia García de Gelman y María Macarena Gelman García

José Luis González; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como de la la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García.

 - Los hechos del presente caso se iniciaron el 27 de junio de 1973 cuando se llevó a cabo un golpe de Estado, el cual se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985. En esos años se implementaron formas de represión a las organizaciones políticas de izquierda. En noviembre de 1975, se formalizó la “Operación Cóndor”, lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa operación fue adoptada como una política de Estado de las “cúpulas de los gobiernos de hecho”, y estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

- María Claudia García Iruretagoyena Casinelli, embarazada y de 19 años de edad, fue detenida el 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, en su residencia de Buenos Aires, por comandos militares uruguayos y argentinos siendo Nora Eva Gelman liberada cuatro días después junto a Luis Eduardo Pereda. María Claudia García y Marcelo Gelman fueron llevados a un centro de detención clandestino, donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados.

- Marcelo Gelman fue torturado en dicho centro de detención clandestino y fue ejecutado en 1976. En 1989 sus restos de Marcelo Gelman fueron descubiertos. María Claudia García fue trasladada a Montevideo de forma clandestina por autoridades uruguayas, donde dio a luz a una niña. A finales de diciembre de 1976, a María Claudia García le fue sustraída su hija recién nacida. Hasta el momento no se conoce sobre su paradero o el de sus restos. 

- El 14 de enero de 1977 la hija de María Claudia de Gelman habría sido colocada en un canasto y dejada en la puerta de la casa de la familia del policía uruguayo Ángel Tauriño. Él y su esposa, quienes no tenían hijos, recogieron el canasto y se quedaron con la niña, registrándola como hija propia aproximadamente un año y medio más tarde. El 31 de marzo de 2000, a la edad de 23 años, María Macarena Tauriño tuvo por primera vez contacto con su abuelo paterno, Juan Gelman. Como consecuencia de lo anterior, María Macarena Tauriño se sometió, el mismo año, a una prueba de ADN a los efectos de determinar el eventual parentesco con la familia Gelman, la que resultó en una identificación positiva en un 99,998%.

- Los hechos señalados nunca pudieron ser investigados ni sancionados por Uruguay puesto que el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley fue una amnistía en relación con los delitos cometidos en el periodo del régimen militar. 

- Fecha de presentación de la petición (12.607): 8 de mayo de 2006 

- Fecha de informe de admisibilidad (30/07): 9 de marzo de 2007

- Fecha de informe de fondo (32/08): 18 de julio de 2008

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 21 de enero de 2010

- Petitorio de la CIDH: La CIDH sometió este caso con el fin de que la Corte IDH decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de (i) los artículos 8.1 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los artículos 1, 6, 8 y 11 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares; (ii) los artículos 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de María Claudia García; (iii) el artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares; (iv) los artículos 3, 11, 18, 19 y 20 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de María Macarena Gelman derechos; y (v) los artículos 17 de la Convención y XII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron con lo alegado jurídicamente por la Comisión. No obstante, solicitaron que se declare, además, la violación del artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Maria Claudia García, y la violación de los artículos 1.1, 13, 8 y 25 de la Convención Americana. 

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 15 y 16 de noviembre de 2010

Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. El Estado también es parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 de noviembre de 1992; en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas desde el 2 de abril de 1996, y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belem do Pará”) desde el 2 de abril de 1996. En consecuencia, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana y de las respectivas disposiciones de los otros tratados interamericanos cuyo incumplimiento se alega

 El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH. 

 I. Derecho al Reconocimiento de La Personalidad Jurídica, a La Vida, a La  Integridad y a La Libertad Personales de María Claudia García Iruretagoyena de  Gelman, en Relación con las Obligaciones de Respetar y Garantizar los Derechos  (Convención Americana y Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada).

64. Dada la particular  relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos  lesionados, el concepto de desaparición forzada de personas se ha consolidado  internacionalmente en tanto grave violación de derechos humanos.

65. Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan  como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la  privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la  aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar  la suerte o el paradero de la persona interesada. (…)

72. En este caso es necesario reiterar el fundamento jurídico que  sustenta una perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas en  razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente,  mientras subsistan, bienes jurídicos protegidos por la Convención.

73. En una perspectiva comprensiva de la gravedad y el  carácter continuado o permanente de la figura de la desaparición forzada de  personas,  ésta permanece mientras no se conozca el paradero de la  persona desaparecida y se determine con certeza su identidad.

74. La  desaparición forzada constituye una violación  múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a  la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones  conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón  sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado.

75. La práctica de desaparición forzada  implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el  Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su prohibición ha alcanzado  carácter de jus cogens.

77. El deber de prevención del Estado abarca todas aquellas medidas de  carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la  salvaguarda de los derechos humanos. Así, la privación de libertad en centros  legalmente reconocidos y la existencia de registros de detenidos, constituyen  salvaguardas fundamentales, inter alia,  contra la desaparición forzada. (…)

91. Por  el modo en que María Claudia García fue privada de su libertad en avanzado  estado de embarazo, secuestrada en Buenos Aires por autoridades argentinas y  probablemente uruguayas en un contexto de detenciones ilegales en centros  clandestinos (“Automotores Orletti” y el SID), y posteriormente trasladada a  Montevideo, bajo la Operación Cóndor, su privación de libertad fue  manifiestamente ilegal, en violación del artículo 7.1 de la Convención, y sólo  puede ser entendida como el inicio de la configuración de la violación compleja  de derechos que implica la desaparición forzada. Constituyó además un flagrante  incumplimiento de la obligación estatal de mantener a las personas privadas de  libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y presentarla sin  demora ante la autoridad judicial competente.

92. En casos de desaparición  forzada de personas se viola el derecho al reconocimiento de la personalidad  jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana, pues se deja  a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita,  obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en  forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye una de las más  graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y  garantizar los derechos humanos. (…)

93.  Su traslado desde  Argentina a Uruguay pretendió sustraerla de la protección de la ley en ambos  Estados, tanto por su permanencia en centros clandestinos de detención, como  por el hecho mismo de haber sido forzada a salir de su país sin ningún tipo de  control migratorio, persiguiéndose así anular su personalidad jurídica, negar su existencia y dejarla en una suerte de limbo o  situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive  la comunidad internacional, lo que, por ende, constituye también una violación  de su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el  artículo 3 de la Convención.

94. Por otro lado, la  desaparición forzada de María Claudia García es violatoria del derecho a la  integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la  incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano en  contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención.

95. Además, una vez detenida,  ella estuvo bajo control de cuerpos represivos oficiales que impunemente  practicaban la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas, lo  que representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de  violaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida, reconocidos en  los artículos 5 y 4 de la Convención Americana, aún en el supuesto de que no  puedan demostrarse los hechos de torturas o de privación de la vida de la  persona en el caso concreto

96. Si bien no hay información  categórica acerca de lo ocurrido a María Claudia García con posterioridad a la  sustracción de su hija, la práctica de desapariciones ha implicado con  frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio,  seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella  material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que  significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo  4 de la Convención.

97. El estado de embarazo en  que se encontraba María Claudia García cuando fue detenida constituía la  condición de particular vulnerabilidad por la cual se dio una afectación  diferenciada en su caso. (…) Los hechos del caso  revelan una particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su  libre maternidad, lo que forma parte esencial del libre desarrollo de la  personalidad de las mujeres. (…)

98. Los señalados actos  cometidos contra María Claudia García pueden ser calificados como una de las  más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer, que habrían sido  perpetrados por agentes estatales argentinos y uruguayos, que afectaron  gravemente su integridad personal y estuvieron claramente basados en su género.  Los hechos le causaron daños y sufrimientos físicos y psicológicos que, por los  sentimientos de grave angustia, desesperación y miedo que pudo experimentar al  permanecer con su hija en un centro clandestino de detención, donde usualmente  se escuchaban las torturas infligidas a otros detenidos en el SID, y no saber  cuál sería el destino de ella cuando fueron separadas, así como haber podido  prever su fatal destino, constituyen una afectación de tal magnitud que debe  ser calificada como la más grave forma de vulneración de su integridad psíquica.

100. La preparación y ejecución  de la detención y posterior desaparición forzada de María Claudia García no  habrían podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes superiores de las  jefaturas militares, de policía e inteligencia de ese entonces, o sin la  colaboración, aquiescencia o tolerancia, manifestadas en diversas acciones  realizadas en forma coordinada o concatenada, de miembros de los cuerpos de  seguridad y servicios de inteligencia (e inclusive diplomáticos) de los Estados  involucrados, por lo que los agentes estatales faltaron gravemente a sus deberes  de prevención y protección de los derechos de las víctimas, consagrados en el  artículo 1.1 de la Convención Americana, y utilizaron la investidura oficial y  recursos otorgados por el Estado para cometer las violaciones.

101. En consideración de lo  anterior, en virtud de su desaparición forzada, que se mantiene hasta el día de  hoy, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los  derechos a la libertad personal, la integridad personal, la vida y al  reconocimiento a la personalidad jurídica de la señora María Claudia García  Iruretagoyena, reconocidos en los artículos 7.1, 5.1 y 5.2, 4.1 y 3, en razón  del incumplimiento de sus obligaciones de respetar y garantizar esos derechos,  establecidas en el artículo 1.1, todos de la Convención Americana, en relación  con los artículos I y XI de la Convención  Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

II.  Derechos al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, del Niño, a la  Protección de la Familia, al Nombre, a la Nacionalidad y a la Integridad  Personal de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, y Derecho a la  Integridad Personal de Juan Gelman, y La Obligación de Respetar los Derechos.

118. Los hechos del caso revelan que la integridad personal de María Macarena  Gelman García pudo verse afectada por las circunstancias de su nacimiento y de  sus primeras semanas de vida. No obstante, resulta evidente que la vulneración  del derecho a la integridad psíquica ocurrió a partir del momento en que  descubrió su verdadera identidad, lo que quiere decir que la violación de su  integridad psíquica y moral es una consecuencia tanto de la desaparición  forzada de su madre y de haberse enterado de las circunstancias de la muerte de  su padre biológico, como de la violación de su derecho a conocer la verdad  sobre su propia identidad, de la falta de  investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos y del paradero  de María Claudia García y, en general, de la impunidad en la que permanece el  caso, lo cual le ha generado sentimientos de frustración, impotencia y  angustia.

120. Lo anterior revela que la  sustracción de niños y/o niñas efectuada por agentes estatales para ser  entregados ilegítimamente en crianza a otra familia, modificando su identidad y  sin informar a su familia biológica sobre su paradero, tal como ocurrió en el  presente caso, constituye un hecho complejo que implica una sucesión de acciones  ilegales y violaciones de derechos para encubrirlo e impedir el  restablecimiento del vínculo entre los menores de edad sustraídos y sus familiares.

121. En su condición de ese entonces, como niña, María Macarena  Gelman tenía derecho a medidas especiales de protección que, bajo el artículo  19 de la Convención, correspondían a su familia, la sociedad y el Estado. A su  vez, las alegadas violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 3, 17, 18 y 20 de la Convención  deben interpretarse a la luz del corpus  juris de los derechos de la niñez y, en  particular según las circunstancias  especiales del caso, armónicamente con las demás normas que les atañen, en  especial con los artículos 7, 8, 9, 11, 16, y 18 de la Convención sobre los  Derechos del Niño.

122. Así, la referida situación  afectó lo que se ha denominado el derecho a la identidad, que si bien no se encuentra expresamente contemplado en la  Convención, en las circunstancias del presente caso es posible determinarlo  sobre la base de lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención sobre los  Derechos del Niño, que establece que tal derecho comprende, entre otros, el  derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia. Asimismo,  el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el  conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la  persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las  circunstancias del caso

125. Por otro lado, el  derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el  artículo 17 de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de  protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el  desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por ende, la separación de niños  de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado  derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo  pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del  niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales.

126. Particularmente cuando María  Macarena Gelman se encontraba en su primera infancia, hubo una injerencia ilegal por parte del Estado en su  familia de origen, la cual vulneró el derecho de protección a la misma, al  imposibilitar u obstaculizar su permanencia con su núcleo familiar y establecer  relaciones con él. El  Estado tenía conocimiento de la existencia de María Macarena Gelman y de la  situación en la que ésta se encontraba, pero hasta el año 2000 omitió toda  gestión para garantizarle su derecho a la familia.

127. En cuanto al derecho al  nombre, reconocido en el artículo 18 de la Convención y también en diversos  instrumentos internacionales, la Corte ha establecido que constituye un  elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no  puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. Además, el  nombre y el apellido son “esenciales  para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros  de la familia”. Este  derecho implica, por ende, que los Estados deben garantizar que la persona sea  registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el  momento del registro, sin ningún tipo de restricción ni interferencia en la  decisión de escoger el nombre y, una vez registrada la persona, que sea posible  preservar y restablecer su nombre y su apellido. En el contexto de este caso, María  Macarena Gelman vivió con otro nombre e identidad durante más de 23 años. Su  cambio de nombre, como medio para suprimir su identidad y ocultar la  desaparición forzada de su madre, se mantuvo hasta el año 2005, cuando las  autoridades uruguayas le reconocieron su filiación y aceptaron el cambio de  nombre.

128. Por otra parte, el derecho a la nacionalidad, consagrado en el artículo  20 de la Convención, en tanto vínculo jurídico entre una persona y un Estado,  es un prerrequisito para que puedan ejercerse determinados derechos y es  también un  derecho de carácter inderogable reconocido en la Convención Americana. En consecuencia, el derecho a la nacionalidad conlleva  el deber del Estado con el que se establece tal vinculación, tanto  de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de  relaciones, como de protegerlo contra la privación en forma arbitraria de su  nacionalidad y, por tanto, de la totalidad de sus derechos políticos y de  aquellos derechos civiles que se sustentan en ésta. Igualmente, importa, cuando se trate de niños y niñas, tener en cuenta la  protección específica que les corresponde, por ejemplo, que no se les prive  arbitrariamente del medio familiar y que no sean retenidos y trasladados  ilícitamente a otro Estado. En  el presente caso, el traslado ilícito a otro Estado de la madre de María  Macarena Gelman en estado de embarazo, con el referido propósito (…),  frustraron el nacimiento de la niña en el país de origen de su familia  biológica donde normalmente hubiese nacido, lo que tuvo como consecuencia que,  mediante su supresión de identidad, adquiriera la nacionalidad uruguaya por una  situación arbitraria, en violación del derecho reconocido en el artículo 20.3  de la Convención.

129. En este caso, los hechos afectaron el derecho a la  libertad personal de María Macarena Gelman puesto que, adicionalmente al hecho  de que la niña nació en cautiverio, su  retención física por parte de agentes estatales, sin el consentimiento de sus  padres, implican una afectación a su libertad, en el más amplio término del  artículo 7.1 de la Convención. Este derecho implica la posibilidad de todo ser  humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias  que le dan sentido a su existencia. En el caso de los niños y niñas, si bien son sujetos titulares de derechos  humanos, aquéllos ejercen sus derechos de  manera progresiva  a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este  sentido por conducto de sus familiares. En  consecuencia, la separación de un niño de sus familiares implica,  necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad.

130. Los  hechos probados afectaron también el derecho  a la vida, previsto en el artículo 4.1 de la Convención, en perjuicio de María  Macarena Gelman, en la medida que la separación de sus padres biológicos puso  en riesgo la supervivencia y desarrollo de la niña, supervivencia y desarrollo  que el Estado debía garantizar, acorde a lo dispuesto en el artículo 19 de la  Convención y en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño,  especialmente a través de la protección  a la familia y la no injerencia ilegal o arbitraria en la vida familiar de los  niños y niñas, pues la familia tiene un rol esencial en su desarrollo.

131. La situación de un menor de  edad cuya identidad familiar ha sido alterada ilegalmente y causada por la  desaparición forzada de uno de sus padres, como es el caso relativo a María  Macarena Gelman, solo cesa cuando la verdad sobre su identidad es revelada por  cualquier medio y se garantizan a la víctima las posibilidades jurídicas y  fácticas de recuperar su verdadera identidad y, en su caso, vínculo familiar,  con las consecuencias jurídicas pertinentes. Así, el Estado no garantizó su  derecho a la personalidad jurídica, en violación del artículo 3 de la  Convención.

132. (…) [L]a sustracción,  supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García como  consecuencia de la detención y posterior traslado de su madre embarazada a otro  Estado pueden calificarse como una forma particular de desaparición forzada de  personas, por haber tenido el mismo propósito o efecto, al dejar la incógnita  por la falta de información sobre su destino o paradero o la negativa a  reconocerlo, en los propios términos de la referida Convención Interamericana.  (…)

133. Los hechos también afectaron el derecho a la  integridad personal de Juan Gelman, en especial, el derecho a que se respete su  integridad psíquica, contemplado en el artículo 5.1 de la Convención, ya que  los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden  ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición  forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la  integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia  directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho  mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de  las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la  víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de  lo sucedido. (…)

134. De  tal manera, resulta evidente la violación del referido derecho en el caso de  Juan Gelman, tanto por las consecuencias sufridas ante los hechos del caso,  como por su búsqueda de justicia. (…)

135. Los hechos del caso revelan también la grave injerencia ilegal por parte del Estado en la familia  de Juan Gelman, lo que vulneró su derecho de protección a su familia, al  imposibilitar u obstaculizar su permanencia con su núcleo familiar y  restablecer relaciones con este. (…)

136. Finalmente, en relación con el  artículo 11 de la Convención, el Tribunal considera que la Comisión y los  representantes no han aportado argumentos claros y distintos a los planteados  respecto de las alegadas violaciones a los derechos analizados y que atiendan  al contenido jurídico propio de esa norma. En todo caso, la Corte estima que no  corresponde analizar los hechos del presente caso bajo el artículo 11 de la  Convención.

137. La Corte declara que el  Estado es responsable por haber violado, desde el nacimiento de María Macarena  Gelman y hasta el momento en que recuperó su verdadera y legítima identidad, el  derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la  integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los  derechos del niño y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19 y 20.3, en relación  con los artículos 1.1 de la Convención y los artículos I y XI de la Convención  Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de ella.

138. Además, el Estado es responsable por la  violación de los  derechos a la integridad personal y a la protección de la familia, reconocidos  en los artículos 5 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la Convención  Americana, en perjuicio del señor Juan Gelman.

III.  Derechos a las Garantías Judiciales y Protección Judicial en relación con la  Obligación de Respetar los Derechos, el Deber de Adoptar Disposiciones en  Derecho Interno y la Obligaciones sobre Investigación derivadas de la  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  

183. Esta Corte ha destacado que la obligación estatal de  investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los  responsables, adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos  cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados, especialmente en vista de  que la prohibición de la desaparición forzada de personas y su correlativo  deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado desde hace  mucho carácter de jus cogens.

184. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra  dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar  los derechos reconocidos en la Convención. El deber de investigar es una  obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como  un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano  a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que  dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la  aportación privada de elementos probatorios.

186. En definitiva, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una  persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una  investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una  denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el  deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una  manera seria, imparcial y efectiva. (…)

187. Del artículo 8 de  la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos,  o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar  en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos  y del castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida  reparación.

189. La referida obligación internacional de procesar y, si se determina  su responsabilidad penal, sancionar a los autores de violaciones de derechos  humanos, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo  1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados  Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las  estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder  público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y  pleno ejercicio de los derechos humanos.

191. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede  impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud  de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su  libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

192. La satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad  exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo  cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y  de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones  y sus correspondientes responsabilidades.

193. Cuando un Estado es Parte  de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos,  incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por  que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por  la aplicación de normas contrarias a su objeto y  fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia  en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas  internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus  respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en  esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la  interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete  última de la Convención Americana.

194. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y  lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y,  particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos  humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los  hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables

195. Las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados  por algunos Estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables  de violaciones graves a los derechos humanos. Este Tribunal, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de las Naciones Unidas y otros  organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos se  han pronunciado sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a  graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las  obligaciones internacionales de los Estados.

212. La contrariedad de las amnistías relativas a violaciones graves de  derechos humanos con el derecho internacional ha sido afirmada también por los  tribunales y órganos de todos los sistemas regionales de protección de derechos  humanos.

225. Esta Corte ha establecido que “son inadmisibles las disposiciones  de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de  excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción  de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales  como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las  desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos  inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

226. En ese sentido, las leyes de amnistía, en casos de graves  violaciones a los derechos humanos, son manifiestamente incompatibles con la  letra y el espíritu del Pacto de San José, pues infringen lo dispuesto por sus  artículos 1.1.y 2, es decir, en cuanto impiden la investigación y sanción de  los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos y,  consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad de lo  ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno,  oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes,  favoreciendo, en cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando, además,  seriamente el estado de derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la  luz del Derecho Internacional ellas carecen de efectos jurídicos.

227. En especial, las leyes de amnistías afectan el deber internacional  del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos  al impedir que los familiares de las víctimas sean oídos por un juez, conforme  a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana y violan el derecho  a la protección judicial consagrado en el artículo 25 del mismo instrumento  precisamente por la falta de investigación, persecución, captura,  enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, incumpliendo  asimismo el artículo 1.1 de la Convención.

230. La forma en la que, por lo menos durante un tiempo, ha  sido interpretada y aplicada la Ley de Caducidad adoptada en Uruguay, por una  parte, ha afectado la obligación internacional del Estado de investigar y  sancionar las graves violaciones de derechos humanos referidas a la  desaparición forzada de María Claudia García y de María Macarena Gelman, y  respecto de la segunda en razón de su sustracción y ocultamiento de identidad,  al impedir que los familiares de las víctimas en el presente caso fueran oídos  por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención  Americana y recibieran protección judicial, según el derecho consagrado en el  artículo 25 del mismo instrumento, precisamente por la falta de investigación,  persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los  hechos, incumpliendo asimismo los artículos 1.1 y 2 de la Convención, referida  esta norma a la obligación de adecuar su derecho interno a lo previsto en ella.

232. Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las  disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de  graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en  consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación  de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los  responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos  de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención  Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay.

233. La obligación de investigar los hechos en el presente caso de desaparición  forzada se ve particularizada por lo establecido en los artículos III, IV, V y  XII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en cuanto a la  investigación de la desaparición forzada como delito continuado o permanente,  el establecimiento de la jurisdicción para investigar dicho delito, la  cooperación con otros Estados para la persecución penal y eventual extradición  de presuntos responsables y el acceso a la información sobre los sitios de  detención.

234. Igualmente, por tratarse  no solo de un patrón sistemático en que múltiples autoridades pudieron estar  implicadas sino también de una operación transfronteriza, el Estado ha debido  utilizar y aplicar en este caso las herramientas jurídicas adecuadas para el  análisis del caso, las categorías penales correspondientes con los hechos por  investigar y el diseño de una adecuada investigación capaz de recopilar y  sistematizar la diversa y vasta información que ha sido reservada o que no  puede fácilmente accederse a ella y que contemple la necesaria cooperación  inter-estatal.

235. En ese mismo sentido, el proceso iniciado por Juan Gelman y  reabierto en 2008 por gestiones de María Macarena Gelman, lo ha sido bajo la  figura del homicidio, excluyendo otros delitos como la tortura, desaparición  forzada y sustracción de identidad, con la que se hace posible que la causa sea  declarada prescrita, por los tribunales nacionales.

236. Es necesario reiterar que este es un caso de graves  violaciones de derechos humanos, en particular desapariciones forzadas, por lo  que es ésta la tipificación que debe primar en las investigaciones que  corresponda abrir o continuar a nivel interno. (…)

238. El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada  en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en  dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante  el Derecho Internacional. La participación de la ciudadanía con respecto a  dicha Ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de la democracia  –recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de la Constitución del  Uruguay)- en 1989 y –plebiscito (literal A del artículo 331 de la Constitución  del Uruguay) sobre un proyecto de reforma constitucional por el que se habrían  declarado nulos los artículos 1 a 4 de la Ley- el 25 de octubre del año 2009,  se debe considerar, entonces, como hecho atribuible al Estado y generador, por  tanto, de la responsabilidad internacional de aquél.

239. La  sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del  Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos  Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta  Democrática Interamericana. La  legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está  limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los  derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de  modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por  sus características tanto formales como sustanciales, por lo que,  particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho  Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye  un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo  “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias  democráticas, en las cuales también debe primar un “control de  convencionalidad” (…) que es función y tarea de cualquier autoridad pública y  no sólo del Poder Judicial. (…)

240. Adicionalmente, al aplicar la Ley de Caducidad (que por sus efectos  constituye una ley de amnistía) impidiendo la investigación de los hechos y la  identificación, juzgamiento y eventual sanción de los posibles responsables de  violaciones continuadas y permanentes como las desapariciones forzadas, se  incumple la obligación de adecuar el derecho interno del Estado, consagrada en  el artículo 2 de la Convención Americana.

242. (…) [E]s evidente que  las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado  cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los procedimientos,  aunado a que, pese a tratarse de un caso de graves violaciones de derechos  humanos, no ha primado el principio de efectividad en la investigación de los  hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

243. Toda  persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a  derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en  determinadas circunstancias al artículo 13 de la Convención, el derecho a  conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados  de lo sucedido (…) y cuyo contenido, en particular en casos de desaparición  forzada, es parte del mismo un  “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta  y, en su caso, dónde se encuentran sus restos” y que se enmarca en el derecho  de acceso a la justicia y la obligación de investigar como forma de reparación  para conocer la verdad en el caso concreto.

244. La Corte Interamericana concluye que el Estado violó los derechos a  las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos  8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de  la misma y los artículos I.b y IV de la Convención Interamericana sobre  Desaparición Forzada de Personas, por la falta de una investigación efectiva de  la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y la sustracción,  supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María Macarena  Gelman, en perjuicio de Juan y María Macarena Gelman.

246. En particular, debido a la interpretación y a la aplicación que se  ha dado a la Ley de Caducidad, la cual carece de efectos jurídicos respecto de  graves violaciones de derechos humanos en los términos antes indicados (…), ha  incumplido su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención,  contenida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 8.1, 25 y  1.1 del mismo tratado y los artículos I.b, III, IV y V de la Convención  Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

 La Corte dispone que,

- La Sentencia de Fondo y  Reparaciones constituye per se una forma  de reparación.

- En un plazo razonable, el  Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los  hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las  correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones  que la ley prevea.

- El Estado debe continuar y  acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García  Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus  familiares, previa comprobación genética de filiación.

- El Estado debe garantizar que  la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la  Convención Americana y la Convención Interamericana sobre  Desaparición Forzada de Personas, en  cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los  responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los  hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los  responsables de los mismos.

-  El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de  reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente  caso.

- El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema  de Información de Defensa (SID) con acceso al público, en el plazo de un año,  una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas  que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar.      

-  El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones en físico  y virtual de la Sentencia  de Fondo y Reparaciones.

- El Estado debe implementar,  en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un  programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio  Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay.

- El Estado debe adoptar, en el  plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y  sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos  ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales.

- El Estado debe pagar, dentro  del plazo de un año, las cantidades fijadas en los párrafos 291, 293, 296 y 304  de la Sentencia de Fondo y Reparaciones, por concepto de indemnización por daño  material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda.

- Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia  de Fondo y Reparaciones y dará por  concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo  dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año  a partir de la notificación del fallo, un informe sobre las medidas adoptadas  para tal efecto.

 La Corte declara que,

- Acepta el reconocimiento  parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado.

- El Estado es responsable por  la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo  cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la  vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los  artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el artículo 1.1 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

- El Estado es responsable por  la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento  hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de  desaparición forzada, por lo cual, en ese período, violó sus derechos al  reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad  personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los derechos de  los niños y niñas y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4.1,  5.1, 7.1, 17, 18, 19 y 20.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana  sobre Desaparición Forzada de Personas.

- El Estado es responsable por  la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la  familia, reconocidos en los artículos 5.1 y 17, en relación con el artículo 1.1  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Juan  Gelman.

- El Estado es responsable por  la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección  judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1, en relación con los artículos  1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos  I.b y IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de  Personas, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente  caso, así como del juzgamiento y sanción de los responsables, en perjuicio del  señor Juan Gelman y de María Macarena Gelman García.

- El Estado ha incumplido la  obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, contenida en su artículo 2, en relación con los artículos  8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención  Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como consecuencia de la  interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado respecto de  graves violaciones de derechos humanos.

- No procede emitir un  pronunciamiento sobre las alegadas violaciones del derecho  a la libertad de pensamiento y de expresión y del derecho a la honra y  dignidad, reconocidos en los artículos 13 y 11 de la Convención, ni de las  normas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y  de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la  Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) cuya violación fue  alegada.