Grupo de migrantes haitianos 

Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados y por el Centro Cultural Dominicano Haitiano, Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Université du Québec à Montréal 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y afectaciones a la integridad de migrantes haitianos por parte de agentes militares, así como la falta de investigación de los hechos en el fuero ordinario. 

 - Los hechos del presente caso se iniciaron cuando, el 16 de junio de 2000, 30 nacionales haitianos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada ingresaron a territorio dominicano. El camión en el que se encontraban pasó por dos puestos de control. En el segundo, cuatro militares pertenecientes al Destacamento Operativo de Fuerza Fronteriza abordaron su patrulla e iniciaron la persecución del vehículo que no se había detenido. Los militares realizaron numerosos disparos con sus armas en dirección al camión. 

- Durante el tiroteo, fue herido de muerte el acompañante del conductor Máximo Rubén de Jesús Espinal, cuyo cuerpo salió expulsado del camión. Los militares que se encontraban en persecución observaron el cuerpo del señor Espinal caer del vehículo, sin embargo continuaron su marcha sin detenerse. Posteriormente, el camión se volcó a orillas de la carretera, y algunas personas quedaron atrapadas bajo el vehículo. Un grupo de personas personas fallecieron producto del accidente y por los disparos de los militares luego de la volcadura del camión. 

- Posteriormente, algunas personas sobrevivientes fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, el tratamiento recibidido fue precario. El 18 de junio de 2000, un grupo de personas sobrevivientes fueron detenidas. Los detenidos fueron llevados a un cuartel militar en Dejabón. En el cuartel militar de Dejabón, agentes militares del cuartel amenazaron con obligarlos a trabajar en el campo o bien darles dinero a dichos agentes a cambio de que éstos los llevaran a la frontera con Haití. En respuesta, los detenidos hicieron una colecta de dinero para dárselo a los agentes, quienes en horas de la tarde del mismo día los trasladaron a la ciudad de Ouanaminthe (Wanament), en Haití. El 5 de marzo de 2004 el Consejo de Guerra de Primera Instancia emitió sentencia en el proceso penal militar contra los agentes involucrados en los hechos, en la cual se encontraron culpables de homicidio a dos personas y se les condenó a cinco años de prisión. 

 - Fecha de presentación de la petición (12.688): 28 de noviembre de 2005

- Fecha de informe de admisibilidad (95/08): 22 de diciembre de 2008

- Fecha de informe de fondo (174/10): 2 de noviembre de 201

 - Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 11 de febrero de 20|1

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la CIDH. Asimismo alegaron la violación de los artículos 3 y 22.9 de la Convención Americana. 

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 21 y 22 de junio de 2012

La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que la República Dominicana es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 25 de marzo de 1999, y los hechos del caso son posteriores a esas fechas.

No se consigna

 I. Derechos a la Vida y a la Integridad Personal

1.1. Acciones preventivas: Legalidad y excepcionalidad  del uso de la fuerza en relación con el deber de garantía

79.  De los hechos del caso y de la prueba aportada en el proceso ante la Corte, se  desprende que, para el momento de los hechos, República Dominicana no contaba  con una legislación que estableciera los parámetros para el uso de la fuerza  por parte de agentes del Estado (…).

80.  Esta Corte ha establecido con anterioridad que existe un deber del Estado de  adecuar su legislación nacional y de “vigilar que sus cuerpos de seguridad, a  quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a  la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción”. El Estado debe ser  claro al momento de demarcar las políticas internas tratándose del uso de la  fuerza y buscar estrategias para implementar los Principios sobre empleo de la  fuerza y Código de conducta. En este sentido debe dotar a los agentes de  distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que le permitan  adecuar materialmente su reacción de forma proporcional a los hechos en que  deban intervenir, restringiendo en la mayor medida el uso de armas letales que  puedan ocasionar lesión o muerte.

81.  A su vez, el Estado debe realizar capacitaciones a sus agentes con la finalidad  de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de  fuego (…).

82.  En razón de lo anterior, el Estado no cumplió con su obligación de garantizar  los derechos a la vida y a la integridad personal mediante una adecuada  legislación sobre el uso de la fuerza, tampoco demostró haber brindado  capacitación y entrenamiento en la materia a los agentes encargados de hacer  cumplir la ley y en específico a los agentes involucrados en los hechos del  caso (…), en contravención del deber de garantía de los derechos a la vida y a  la integridad personal, en conexión con el artículo 1.1 y de adopción de  medidas de derecho interno, dispuesto en el artículo 2 de la Convención.

1.2. Acciones concomitantes a los hechos:  legalidad, necesidad y proporcionalidad en relación con el deber de respeto.

83.  La Corte observa que de los hechos del caso se acreditó que agentes dominicanos  abrieron fuego indiscriminado contra un camión amarillo que no se detuvo en un  puesto de control (…). De la prueba que obra en el expediente, no se desprende  ningún indicio de que los migrantes estuvieran armados o hubieran accionado  algún tipo de agresión contra los agentes, lo cual fue confirmado por los  militares involucrados en los hechos.

84.  Al respecto, la Corte considera que durante el desarrollo de un evento de  despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible,  deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su  intervención. (…)

85.  A fin de observar las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso  de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad,  absoluta necesidad y proporcionalidad:

i.  Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo  legítimo; en este caso detener el vehículo que desacató un alto en un puesto de  control. Frente a ello, la legislación y entrenamiento debían prever la forma  de actuación en dicha situación, lo cual no existía en el presente caso (…).

ii.  Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles  para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende  proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. (…) Si bien los  hechos en este caso, en teoría, se podrían encuadrar en el supuesto de oponer  resistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Corte considera que, aún  cuando la abstención del uso de la fuerza hubiera permitido la huida de las  personas objeto de la acción estatal, los agentes no debieron emplear la fuerza  letal frente a las personas que no representaban una amenaza o peligro real o inminente  de los agentes o terceros. En consecuencia, dicho acontecimiento no constituyó,  en definitiva, una situación de absoluta necesidad. 

iii.  Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de  resistencia ofrecido (…).

86.  En el presente caso quedó acreditado que, si bien el camión no atendió la señal  de la autoridad, lo cual generó una persecución temeraria, en ningún momento  existió alguna agresión o ataque de parte de las personas que se encontraban en  el camión (…).

87.  Al respecto, la Corte estima que la proporcionalidad está también relacionada  con la planeación de medidas preventivas, toda vez que ésta comporta una  evaluación de la razonabilidad del uso de la fuerza. Para ello, resulta útil  analizar los hechos bajo estricto escrutinio a fin de determinar: a) si con la  implementación de medios menos lesivos se podrían evitar las afectaciones, y b)  si existió proporcionalidad entre el uso de la fuerza y el daño que estaba  encaminado a repeler.

88.  Respecto de los medios empleados, la Corte reitera que los Estados tienen el  deber de planear adecuadamente la actividad de sus agentes para minimizar el  uso de la fuerza y las fatalidades que se pudieran presentar (…). Al respecto,  la Corte observa que en el presente caso se pudieron emplear medios menos  lesivos para obtener el control de tránsito que se pretendía y evitar una  persecución violenta.

89.  En definitiva, el Estado pudo prever medidas menos extremas para lograr el  mismo objetivo. (…)

91.  En conclusión, no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara  accionar la fuerza letal durante la persecución, ya que no se estaba repeliendo  una agresión o peligro inminente. Como consecuencia, la grave situación  ocasionada fue el resultado, al menos negligente, del uso desproporcionado de  la fuerza imputable al Estado por el actuar de los funcionarios encargados de  hacer cumplir la ley. Asimismo, la Corte observa que en el contexto de  discriminación contra migrantes, el uso de la fuerza desmedido en el caso, demostró  la falta de implementación de medidas razonables y adecuadas para lidiar con  esta situación en perjuicio de este grupo de personas haitianas. (…)

92.  La Corte ha establecido que cuando los agentes estatales emplean la fuerza  ilegítima, excesiva o desproporcionada, como en el presente caso, dando lugar a  la pérdida de la vida, se considera una privación arbitraria de la misma. Como  consecuencia, las muertes de cuatro personas por disparos de arma de fuego,  ocasionadas durante la persecución del vehículo (…), constituyen privaciones  arbitrarias de la vida, atribuibles al Estado en perjuicio de Fritz Alce,  Ilfaudia Dorzema, Nadege Dorzema y Máximo Rubén de Jesús Espinal. (…)

96.  La Corte considera que, en el presente caso, de la actuación del Estado frente  a estas dos personas que corrían, se puede desprender la comisión de  ejecuciones extrajudiciales, derivadas del empleo deliberado del uso de armas  letales dirigidas a privarlas de la vida, máxime su estado de indefensión, sin  que estas representaran en definitiva una amenaza.

97.  Por las razones anteriores, la Corte concluye que, con motivo del uso  ilegítimo, innecesario y desproporcional de la fuerza, el Estado violó el  derecho a la vida dispuesto en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su dimensión  de respeto, con motivo de la privación arbitraria de la vida de Fritz Alce,  Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime y Máximo Rubén de Jesús  Espinal. Asimismo, la Corte encuentra responsabilidad del Estado por la  ejecución extrajudicial de Pardis Fortilus y Roselene Thermeus en contravención  de los mismos artículos. (…)

98.  En este mismo sentido, la Corte encuentra que con motivo del despliegue del uso  ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, al menos otras cinco  personas sobrevivientes fueron heridas con proyectil de arma de fuego durante  los hechos (…) Por tanto, la Corte encuentra al Estado responsable de la  violación del deber de respetar el derecho a la integridad personal dispuesto  en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la  misma. Además, pese al conocimiento de esta situación, el Estado no  individualizó en la investigación a las personas heridas, por lo que estos hechos  quedaron impunes (supra párr. 61), en contravención del deber de garantía del  derecho a la integridad personal.

1.3. Acciones posteriores a los hechos: debida  diligencia y humanidad en relación con el deber de garantía del derecho a la  vida y a la integridad personal

99.  La Corte observa que, de conformidad con los Principios sobre el Empleo de la  Fuerza, en caso de presentarse heridos luego del despliegue de la misma, se les  debe prestar y facilitar los servicios médicos correspondientes y notificar lo  sucedido lo antes posible a los parientes o amigos íntimos. Además, se debe  proceder con la rendición de informes de situación, los cuales deberán tener  supervisión administrativa y judicial. De igual forma, debe existir una  investigación de los hechos que permita determinar el grado y modo de la  participación de cada uno de los interventores, sean materiales o  intelectuales, y con ello, establecer las responsabilidades que puedan  corresponder.

100.  La prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida  arbitrariamente sería ineficaz si no existieran procedimientos para verificar  la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por agentes estatales. La  Corte ha entendido que la obligación general de garantizar los derechos humanos  consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma,  contiene la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho  sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. Esta obligación  general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal. Una  vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de  armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación una  investigación seria, independiente, imparcial y efectiva (…).

104.  (…) La Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral  de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento y angustia  adicionales que éstos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones  posteriores de las autoridades estatales con respecto a esos hechos, debido a  la ausencia de recursos efectivos, y la impunidad prolongada en el caso. En  este caso la Corte concluye que se violó el artículo 5.1 de la Convención en  perjuicio de los familiares de las víctimas fallecidas y los sobrevivientes.  (…)

107.  La Corte advierte que la atención médica en casos de emergencias debe ser  brindada en todo momento para los migrantes en situación irregular, por lo que  los Estados deben proporcionar una atención sanitaria integral tomando en  cuenta las necesidades de grupos vulnerables. En este sentido, el Estado debe  garantizar que los bienes y servicios de salud sean accesibles a todos, en  especial a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin  discriminación por las condiciones prohibidas en el artículo 1.1 de la  Convención.

108.  En el presente caso, quedó acreditado que nueve personas fueron trasladas al  Hospital Regional Universitario José María Cabral Báez, y al menos cinco fueron  internadas; no obstante, según consta de la declaración del Director General de  dicho hospital, las “personas haitianas no fueron recibidas ni atendidas en ese  hospital”. (…)De lo anterior se desprende que la falta de registro de ingreso y  egreso en el centro de salud, la falta de atención médica en favor de las cinco  víctimas gravemente heridas, y la omisión de un diagnóstico sobre su situación  y prescripción de su tratamiento, denotan omisiones en la atención que se debió  brindar a los heridos para respetar y garantizar su derecho a la integridad  personal, en contravención del artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de  la Convención.

109.  Por otra parte, la Corte observa que no se brindó en todo momento protección  especial a favor de Roland Israel, por su condición de menor de edad, y tampoco  a favor de Sylvie Felizor, quien estaba embarazada, situaciones que acentuaron  la vulneración a su integridad psico-física y moral. (…)

114.  [Respecto al tratamiento a las personas fallecidas y sus cadáveres], la Corte  ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de conocer  donde se encuentran los restos de sus seres queridos constituye, además de una  exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida de reparación y, por lo  tanto hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas justas  expectativas. Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en el  incidente era de suma importancia para sus familiares, así como permitir  sepultarlos de acuerdo a sus creencias y cerrar el proceso de duelo que  vivieron con los hechos.

115.  Específicamente, los estándares internacionales exigen que la entrega de restos  ocurra cuando la víctima esté claramente identificada, es decir, una vez que se  haya conseguido una identificación positiva. Al respecto, el Protocolo de  Minnesota establece que “el cuerpo debe ser identificado por testigos  confiables y otros métodos objetivos”.

116.  Esta Corte considera que el tratamiento que se le dio a los cuerpos de las  personas fallecidas luego del incidente, al ser inhumados en fosas comunes, sin  ser claramente identificados ni entregados a sus familiares, manifiesta un  trato denigrante, en contravención del artículo 5.1, en relación con el  artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas fallecidas y sus  familiares.

II. Derecho a la libertad personal, a las garantías  judiciales y a la libre circulación

2.1. Derecho a la libertad personal

123.  (…) A este respecto, dado que la detención se realizó dentro del territorio  dominicano y no en el ingreso a la frontera (…), momento en el cual  se podría, en principio, retener a los migrantes para realizar un control de  identificación, la Corte analizará la alegada detención a la luz de los  requisitos de excepcionalidad del artículo 7 de la Convención Americana, y no  como una privación de libertad por razones de verificación de identidad y/o  control fronterizo. (…)

125.  Con respecto a la garantía específica consagrada en el artículo 7.2 de la  Convención, la Corte reitera que la limitación de la libertad física, así sea  por un período breve, inclusive aquellas con meros fines de identificación,  debe “ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación  interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta sea compatible con la Convención”.  Por lo tanto, para poder analizar la alegada violación al artículo 7.2, la  Corte considera necesario remitirse a las disposiciones legales y  constitucionales a nivel interno (…)

129. La Corte encontró probado (…) que los detenidos recolectaron dinero, se lo  dieron a los agentes militares, y en horas de la tarde del 18 de junio de 2000  fueron trasladados al poblado de Quanaminthe (Wanaminthe), en Haití. Al  respecto, la Corte resalta que la referida privación de libertad no fue  registrada o justificada formalmente en ninguna oportunidad. Además, el  traslado de los migrantes desde el DOIF de Montecristi al cuartel militar de  Dejabón no fue autorizado por orden escrita y motivada, y en ningún momento los  detenidos fueron puestos en presencia de una autoridad competente, en este caso  el Inspector o el Director General de Migración, como requería la Constitución  vigente (…).

130.  Asimismo, la Corte ha sostenido la necesidad de garantizar ciertos estándares  mínimos que deben cumplirse en los centros de detención policial, en  particular, es preciso que exista un registro de detenidos que permita  controlar la legalidad de las detenciones. En relación con los hechos del  presente caso, la Corte nota que las autoridades no respetaron la obligación de  consignar la información relativa a los extranjeros detenidos con el objeto de  ser deportados. (…) Por lo anterior el Estado violó el artículo 7.2 de la  Convención Americana en perjuicio de Rose-Marie Petit-Homme, Joseph Pierre,  Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor, Roland Israel, y Rose Marie Do (…)

131.  En relación con el artículo 7.4 de la Convención, la Corte ha considerado que  “se deben analizar los hechos bajo el derecho interno y la normativa  convencional, puesto que la información de los ‘motivos y razones’ de la  detención debe darse ‘cuando ésta se produce’ y dado que el derecho contenido  en aquella norma implica dos obligaciones: a) la información en forma oral o  escrita sobre las razones de la detención, y b) la notificación, por escrito,  de los cargos”. En este sentido, tanto la Ley como el Reglamento de Migración  vigentes determinaban que los extranjeros detenidos con fines de deportación  fueran informados de las razones específicas por las cuales estarían sujetos a  ser deportados. Al respecto, consta de las pruebas aportadas en el presente  caso, que en ningún momento durante la privación de libertad, estas personas  fueron informadas sobre las razones y motivos de la misma, de forma verbal o  escrita. Adicionalmente, no existe documento que acredite que los detenidos  fueron comunicados por escrito sobre la existencia de algún tipo de cargo en su  contra, lo cual es contrario a la normativa interna vigente a la época de los  hechos (…) y, por tanto, violó los artículos 7.2 y 7.4 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos en perjuicio de las víctimas detenidas.

132.  Por otra parte, en cuanto a la arbitrariedad de la detención a que se refiere  el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha considerado que “nadie puede ser  sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún  calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a  los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas,  irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad” (…)

133.  (…) Así, del análisis de las pruebas allegadas al expediente, este Tribunal  considera que las detenciones no fueron llevadas a cabo con la finalidad de  realizar un procedimiento capaz de determinar las circunstancias y estatus  jurídicos de los detenidos, o mismo de realizar un procedimiento migratorio  formal con vistas a su deportación o expulsión, lo que las convierten en  detenciones con fines ilegítimos y, por lo tanto arbitrarias, en contravención  del artículo 7.3 de la Convención, en perjuicio de las víctimas detenidas.

134.  Con respecto al artículo 7.5 de la Convención, el cual dispone que la detención  debe someterse sin demora a revisión de un juez u otro funcionario autorizado  por la ley para ejercer funciones judiciales (…)

135.  (…) Para que constituya un verdadero mecanismo de control frente a detenciones  ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en  forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los  derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél.

136.  Asimismo la Corte considera que, en materia migratoria, “la legislación interna  debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones  jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e  independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y  obligaciones de las personas. En este sentido, la Corte ya ha establecido que  dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente  jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención  se aplican también a las decisiones de órganos administrativos”. Toda vez que,  en relación con esta garantía corresponde al funcionario de migración la tarea  de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias, “es  imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad a la  persona si su detención es ilegal o arbitraria” (…).

138.  La Corte considera que, de acuerdo con lo alegado por las partes, las detenciones  tuvieron lugar por un período de tiempo inferior a las 48 horas  correspondientes al plazo constitucionalmente establecido por el ordenamiento  jurídico dominicano para la presentación del detenido ante una autoridad  judicial competente. No obstante lo anterior, los migrantes no fueron puestos  en libertad en República Dominicana, sino que los agentes militares  unilateralmente aplicaron la sanción de expulsión sin que las víctimas hubieran  sido puestas ante una autoridad competente quien, en su caso, determinara su  libertad, lo que resultó en la violación del artículo 7.5 de la Convención  Americana en perjuicio de las víctimas detenidas.

139.  Por otra parte, el artículo 7.6 de la Convención protege el derecho de toda  persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un  juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la  legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad (…).

142.  Por otra parte, la Corte observa que los reglamentos migratorios vigentes al  momento de los hechos (…) no establecían recursos para contestar la legalidad  del arresto o de la detención, como determina el artículo 7.6 de la Convención,  sino establecían únicamente la posibilidad del detenido de “refutar los cargos”  de su deportación, de ser “oído sobre los cargos expresados en el mandamiento  de arresto” o de “introducir pruebas de oposición a su deportación” (…), la  Corte encuentra que en vista de la expulsión expedita, las víctimas migrantes  carecieron de toda oportunidad para accionar un recurso adecuado que tutelara  la legalidad de la detención. Consecuentemente, el Estado violó el artículo 7.6  de la Convención en perjuicio de las víctimas detenidas.

143.  (…) [E]l Estado violó el derecho a la libertad personal, reconocido en el  artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención, en relación con la  obligación de respetar los derechos, contenida en el artículo 1.1 de la misma,  en perjuicio de Rose-Marie Petit-Homme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor,  Roland Israel y Rose Marie Dol.

2.2. Libertad de  circulación, expulsión colectiva y derecho a las garantías judiciales

151. De las obligaciones generales de respetar y  garantizar los derechos derivan deberes especiales, determinables en función de  las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su  condición personal o por la situación específica en que se encuentre (…).

154. Por lo tanto, en el ejercicio de la  facultad del Estado de establecer su política migratoria, debe tenerse plena  observancia de la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros contenida  en el artículo 22.9 de la Convención Americana, y de las consecuentes garantías  intrínsecas a procesos de expulsión o deportación de extranjeros, en especial  aquellas derivadas de los derechos al debido proceso y la protección judicial.

155. La Corte ha indicado que el derecho al  debido proceso, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana, se  refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias  procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender  adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.  (…)

158. En materia migratoria, por tanto, la Corte  considera que el debido proceso debe ser garantizado a toda persona  independientemente del estatus migratorio. Lo anterior quiere decir que “el  debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas  que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus  migratorio”.

159. En este sentido, los órganos  internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en establecer  las características de los procesos llevados a cabo por los Estados con el  objetivo de expulsar o deportar a extranjeros de su territorio.

160. (…) [El Estado] debe cumplir con las  siguientes garantías: i) sólo podrá expulsarse a un extranjero en cumplimiento  de una decisión adoptada conforme a la ley, y ii) se debe facultar al  extranjero la posibilidad de: a) exponer las razones que lo asistan en contra  de su expulsión; b) someter su caso a revisión ante la autoridad competente, y  c) hacerse representar con tal fin ante ellas. (…)

162. En el mismo sentido, la Comisión de Derecho  Internacional ha expresado que los extranjeros en situaciones como las del  presente caso deben recibir las siguientes garantías procesales: i) condiciones  mínimas de detención durante el procedimiento; ii) presentar razones en contra  de las expulsiones; iii) asistencia consular; iv) derecho a estar representado  ante autoridad competente; v) derecho a contar con asistencia gratuita de un  intérprete, y vi) derecho a ser notificado de la decisión de expulsión y  recurrirla. (…).

165. En este sentido, para garantizar los  derechos del debido proceso de la persona extranjera detenida, la Corte ha  indicado que deben asegurarse al menos tres elementos de la misma garantía: i)  el derecho a ser notificado de sus derechos bajo la Convención de Viena, lo  cual debe realizarse en conjunto con sus obligaciones bajo el artículo 7.4 de  la Convención; ii) el derecho de acceso efectivo a la comunicación con el  funcionario consular, y iii) el derecho a la asistencia misma. (…)

169. En este sentido, es relevante observar que  varios tratados internacionales de derechos humanos son consistentes en  prohibir las expulsiones colectivas en términos similares a la Convención  Americana (…).

170. En el marco del sistema interamericano de  protección de derechos humanos, la Corte considera que el carácter “colectivo”  de una expulsión implica una decisión que no desarrolla un análisis objetivo de  las circunstancias individuales de cada extranjero, y por ende recae en  arbitrariedad. (…)

174. En vista de lo anterior, en atención tanto  a la normativa interna vigente en República Dominicana como al derecho  internacional, se desprende que un proceso que pueda resultar en la expulsión o  deportación de un extranjero, debe ser individual, de modo a evaluar las  circunstancias personales de cada sujeto y cumplir con la prohibición de expulsiones  colectivas. Asimismo, dicho procedimiento no debe discriminar en razón de  nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen  social u otro estatus, y ha de observar las siguientes garantías mínimas en  relación con el extranjero:

  i) ser informado expresa y formalmente de los  cargos en su contra y de los motivos de la expulsión o deportación. Esta  notificación debe incluir información sobre sus derechos, tales como:

  a. la posibilidad de exponer sus razones y  oponerse a los cargos en su contra;

  b. la posibilidad de solicitar y recibir  asistencia consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción o  interpretación;

  ii) en caso de decisión desfavorable, debe tener  derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad competente y presentarse  ante ella para tal fin; y

iii) la eventual expulsión solo podrá efectuarse  tras una decisión fundamentada conforme a la ley y debidamente notificada

175. De lo expuesto se desprende que la  expulsión de los nueve migrantes haitianos no siguió los estándares  internacionales en la materia ni los procedimientos previstos en la normativa  interna. No se respeto a los migrantes haitianos ninguna de las garantías  mínimas que les correspondían como extranjeros. Por tanto, la Corte considera  que República Dominicana violó el derecho al debido proceso y las garantías  judiciales, previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación  con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Rose-Marie  Petit-Homme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor, Roland  Israel, Rose Marie Dol, Josier Maxime y Sonide Nora.

176. Asimismo, la Corte constata que no se  observaron los requisitos establecidos tanto por la legislación dominicana y el  Protocolo de Entendimiento entre Haití y República Dominicana, como por el  derecho internacional, durante la expulsión de los nueve migrantes haitianos.  Esta actuación corrobora la conclusión del Relator Especial sobre las formas  contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de  intolerancia (…).

177. En vista de lo anterior, la Corte concluye  que el Estado trató a los migrantes como un grupo, sin individualizarlos o  darles un trato diferenciado como ser humano y tomando en consideración sus  eventuales necesidades de protección. Lo anterior representó una expulsión  colectiva, en contravención del artículo 22.9 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos,  establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rose-Marie  Petit-Homme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor, Roland  Israel, Rose Marie Dol, Josier Maxime y Sonide Nora.

III. Derecho a las  garantías judiciales y a la protección judicial

185. De conformidad con las consideraciones  anteriores, este Tribunal debe determinar si en el presente caso el Estado ha  incurrido en violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la  protección judicial consagrados en los artículos 2, 8 y 25 de la Convención, en  relación con el artículo 1.1 de este instrumento, teniendo en cuenta que la  investigación de los hechos y la decisión final de absolver a los presuntos  responsables estuvo exclusivamente a cargo de órganos de la jurisdicción  militar.

3.1. La jurisdicción militar  no puede ser el fuero competente en materia de derechos humanos

186. En un Estado democrático de derecho, la  justicia penal militar ha de ser restrictiva y excepcional de manera que se  aplique únicamente en la protección de bienes jurídicos especiales, de carácter  castrense, y que hayan sido vulnerados por miembros de las fuerzas militares en  el ejercicio de sus funciones. Asimismo, es jurisprudencia constante de esta  Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y,  en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos  (…).

189. En el presente caso, las privaciones  arbitrarias de la vida, las ejecuciones extrajudiciales y las heridas a los  sobrevivientes haitianos cometidas por personal militar son actos que no  guardan, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense. Por  el contrario, dichos actos afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho  penal interno y la Convención Americana, como la vida y la integridad personal (…).  Es evidente que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de  respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, se encuentran  excluidas de la competencia de la jurisdicción militar. (…)

196. En el presente caso, la aplicación de  causales improcedentes en la decisión del Consejo de Guerra de Apelación (…)  resultó en la sustracción de los presuntos responsables de la acción de la  justicia y dejó los hechos del caso en la impunidad. Adicionalmente, la  intervención del fuero militar en la investigación de los hechos contravino los  parámetros de excepcionalidad y restricción que la caracterizan e implicó la  aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de  los actos involucrados. Ambas circunstancias violan las exigencias de la  justicia y los derechos de las víctimas, de lo cual la Corte concluye que la  decisión del Consejo de Guerra de Apelación no puede ser considerada como un  obstáculo legal a la promoción de la acción penal ni como sentencia firme.

197. Esta conclusión resulta válida en el  presente caso aún cuando el hecho estaba en la etapa de investigación por parte  de la Junta Mixta de Investigación Militar. Como se desprende de los criterios  señalados, la incompatibilidad de la Convención Americana con la intervención  del fuero militar en este tipo de casos no se refiere únicamente al acto de  juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a la propia  investigación, dado que su actuación constituye el inicio y el presupuesto  necesario para la posterior intervención de un tribunal incompetente. Con base  en lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó los derechos a las  garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1  y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma,  en perjuicio de los familiares de las personas fallecidas (…).

3. 2. Impunidad de los  infractores y acceso a la justicia

200. De la prueba que obra en el expediente, la  Corte nota que la normativa vigente al momento de los hechos y su aplicación  por los tribunales internos no excluía los hechos del caso de la jurisdicción  militar (…). Asimismo, tanto el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de  Montecristi como la Suprema Corte de Justicia rechazaron dos recursos  interpuestos por los familiares de las víctimas fallecidas para que el caso  fuera investigado y juzgado por la jurisdicción ordinaria (…). En el mismo  sentido, la Corte destaca que el procedimiento penal militar no permitía la  participación de los familiares de las víctimas, visto que el artículo 8 de la  Ley No. 3.483 disponía que “nadie puede constituirse en parte civil ante los  tribunales militares”. Por otra parte, la Corte constata que las heridas  producidas a los sobrevivientes haitianos no fueron investigadas o juzgadas por  parte del Estado (…) y que pasados más de 12 años de ocurridos los hechos,  ninguna persona ha sido condenada y los hechos se encuentran en total  impunidad. Todo lo anterior privó a los familiares de las víctimas fallecidas y  a los sobrevivientes heridos del acceso a la justicia y violó el derecho a las  garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1  y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el  artículo 1.1 del mismo instrumento en su perjuicio.

IV. Deber de adoptar  disposiciones de derecho interno

207. Respecto al deber de adoptar medidas  legislativas o de otro carácter para garantizar el pleno ejercicio y goce de  los derechos humanos consagrados en la Convención, este Tribunal ha establecido  que no basta que la legislación nacional determine las causas y competencias de  los tribunales militares, si no que mas allá de esta disposición, la  legislación debe establecer claramente quiénes son militares, cuáles son las conductas  delictivas típicas en el especial ámbito militar, determinar la antijuridicidad  de la conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en  peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que se justifique el  ejercicio del poder punitivo militar, y especificar la correspondiente sanción.  (…)

215. La Corte recuerda que el artículo 2 de la  Convención Americana establece la obligación general de todo Estado Parte de  adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los  derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho  interno han de ser efectivas (principio de effet  utile). Por lo tanto, la Corte reitera que a la época de los hechos el  Estado incumplió la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención  Americana, en conexión con los artículos 8 y 25 del mismo instrumento.

216. Sin embargo, los cambios normativos  operados en República Dominicana entre los años 2002 y 2010 determinan la  competencia de la jurisdicción ordinaria para juzgar a delitos cometidos por  personal militar, y por otro lado establecen la excepcionalidad de la  jurisdicción militar exclusivamente para las faltas disciplinarias e  infracciones de orden estrictamente militar. Por tanto, la Corte concluye que  con la actual legislación dominicana el Estado ha subsanado su deber de adoptar  disposiciones de derecho interno, previsto en el artículo 2 de la Convención  Americana.

V. Deber de respetar y  garantizar los derechos sin discriminación.

223. (…) El incumplimiento por el Estado,  mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de  respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad  internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la  obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de  igualdad y no discriminación. (…)

233. En este sentido, la Corte recuerda que el  derecho internacional de los derechos humanos no sólo prohíbe políticas y  prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo impacto  sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se  pueda probar la intención discriminatoria.

234. La Corte estima que una violación del  derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y  casos de discriminación indirecta reflejada en el impacto desproporcionado de  normas, acciones, políticas o en otras medidas que, aún cuando sean o parezcan  ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado,  produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables. Tal concepto de  discriminación indirecta también ha sido reconocido, entre otros órganos, por  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha establecido que cuando una  política general o medida tiene un efecto desproporcionado perjudicial en un  grupo particular puede ser considerada discriminatoria aún si no fue dirigida  específicamente a ese grupo. (…)

236. Por tanto la Corte observa que, en el  presente caso, la situación de especial vulnerabilidad de los migrantes  haitianos se debió, inter alia, a: i)  la falta de medidas preventivas para enfrentar de manera adecuada situaciones  relacionadas con el control migratorio en la frontera terrestre con Haití y en  consideración de su situación de vulnerabilidad; ii) la violencia desplegada a  través del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza en contra de personas  migrantes desarmadas; iii) la falta de investigación con motivo de dicha  violencia, la falta de declaraciones y participación de las víctimas en el  proceso penal y la impunidad de los hechos; iv) las detenciones y expulsión  colectiva sin las debidas garantías; v) la falta de una atención y tratamiento  médico adecuado a las víctimas heridas, y vi) el tratamiento denigrante a los cadáveres  y la falta de su entrega a los familiares.

237. Todo lo anterior evidencia que, en el  presente caso, existió una discriminación de facto en perjuicio de las víctimas  del caso por su condición de migrantes, lo cual derivó en una marginalización en  el goce de los derechos que la Corte declaró violados en esta Sentencia. Por  tanto, la Corte concluye que el Estado no respetó ni garantizó los derechos de  los migrantes haitianos sin discriminación, en contravención del artículo 1.1  de la Convención Americana en relación con los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 22.9 y  25 de la misma.

La  Corte dispone,

-  Que la Sentencia  de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.

-  Que el Estado debe reabrir la investigación de los hechos del caso, a fin de  individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de  tales hechos.

-  Que el Estado debe determinar el paradero de los cuerpos de las personas  fallecidas, repatriarlos y entregárselos a sus familiares, en el plazo de un  año a partir de la notificación de la Sentencia.

-  Que el Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran  las víctimas, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario.

-  Que el Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el plazo de seis  meses contado a partir de la notificación de la la Sentencia  de Fondo, Reparaciones y Costas.

-  Que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de  responsabilidad internacional y disculpas públicas, en el plazo de seis meses  contado a partir de la notificación de la Sentencia.

  -  Que el Estado debe implementar los programas de capacitación destinado a  funcionarios de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes  encargados de procedimientos migratorios, de forma permanente. A tal efecto, el  Estado deberá presentar un informe anual durante tres años consecutivos, en el  que indique las acciones que se han realizado con tal fin.

-  Que el Estado debe realizar una campaña en medios de comunicación sobre los  derechos de las personas migrantes regulares e irregulares, en el territorio  dominicano. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual durante  tres años consecutivos, en el que indique las acciones que se han realizado con  tal fin.

-  Que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar su legislación  interna sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la  ley.

- El  Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 284, 285, 288, 297 y  301 de la Sentencia  de Fondo, Reparaciones y Costas por concepto de  indemnizaciones por daño material e inmaterial, por reintegro de costas y  gastos, así como por reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, en el  plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma.

- El  Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de  la Sentencia  de Fondo, Reparaciones y Costas, rendir al Tribunal un  informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

- La  Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en ejercicio de sus  atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez  que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

La Corte  declara:

- Que el  Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el  artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con  el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jacqueline Maxime, Fritz Alce,  Roselene Thermeus, Ilfaudia Dorzema, Máximo Rubén de Jesús Espinal, Pardis  Fortilus y Nadege Dorzema.

- Que el  Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal,  reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de  Noclair Florvilien, Joseph Desvraine,  Sylvie Felizor, Michel Françoise, Sonide Nora, Rose-Marie Petit-Home, Joseph Pierre,  Renaud Tima, Selafoi Pierre, Josier Maxime, Alphonse Oremis y Honorio Winique.

- Que el  Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal  reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de  Jacqueline Maxime, Fritz Alce, Roselene Thermeus, Ilfaudia Dorzema, Máximo  Rubén de Jesús Espinal, Pardis Fortilus y Nadege Dorzema y sus familiares,  indicados en el Anexo A de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

- Que el Estado es responsable por la  violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7.1,  7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en  relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rose-Marie  PetitHomme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor, Roland  Israel y Rose Marie Dol.

- Que el  Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías  judiciales y de libre circulación, reconocidos en los artículos 8.1 y 22.9 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1  del mismo instrumento, en perjuicio de Rose-Marie Petit-Homme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre,  Sylvie Felizor, Roland Israel, Rose Marie Dol, Josier Maxime y Sonide  Nora.

- Que el  Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías  judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo  1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas indicadas en el Anexo A del  presente Fallo.

- Que el  Estado es responsable por la violación de la obligación de adecuar su derecho  interno, establecida en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos, en relación con los artículos 4.1, 8 y 25 del mismo instrumento.

- Que el  Estado incumplió con el deber de no discriminar, contenido en el artículo 1.1  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos  reconocidos en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 22.9 y 25 de la misma.

- Que la Corte  estimó que no procede pronunciarse respecto de la alegada violación de los  derechos a la personalidad jurídica e igualdad ante la ley, reconocidos en los  artículos 3 y 24 de la Convención.