Luis Williams Pollo Rivera.

El caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones a los derechos humanos en perjuicio del señor Luis Williams Pollo Rivera desde su detención inicial el 4 de noviembre de 1992 y durante todo el tiempo que estuvo bajo custodia del Estado en el marco de los procesos que se llevaron en su contra por el delito de terrorismo. Se alega que la detención inicial habría sido ilegal y arbitraria, en incumplimiento de la obligación de informar sobre el detalle de los motivos de la detención y sin control judicial. Dado que estos hechos habrían tenido lugar en el marco de un allanamiento, también se habría perpetrado una injerencia arbitraria en el domicilio. Se alega que las detenciones preventivas dispuestas también habrían sido arbitrarias, pues no se basaron en fines procesales. Además, dado el marco normativo aplicable, el señor Pollo Rivera habría estado impedido de presentar recurso de hábeas corpus. Por otra parte, se alega que las agresiones sufridas al momento de la detención y en las instalaciones de la DINCOTE habrían sido actos de tortura y las supuestas condiciones extremas de detención habrían sido contrarias a su integridad personal, así como que la totalidad de estos hechos permanecen en situación de impunidad.

Por otra parte, según se alega, el proceso penal seguido por el delito de traición a la patria y los dos procesos seguidos por el delito de terrorismo habrían sido violatorios de múltiples garantías al debido proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la publicidad del proceso. Asimismo, se alega que el Estado habría violado el principio de legalidad al haber procesado y condenado al señor Pollo Rivera por la prestación de asistencia médica. Según se alega el Estado habría violado el derecho a ser oído en un plazo razonable en el marco de la solicitud de indulto humanitario que efectuó el señor Pollo Rivera.