German Escué Zapata y sus familiares

- Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención, maltratos y ejecución extrajudicial de Germán  Escué Zapata por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

- Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en esa zona del país, y sus líderes.  Germán Zapata Escué era un Cabildo Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca, que se dedicaba a la agricultura al igual que los demás miembros de su comunidad y a la defensa del territorio y de su importancia para la comunidad indígena.

- El 1 de febrero de 1988, agentes del Ejército colombiano  entraron de manera violenta en su domicilio. Una vez ahí, lo amarraron y lo sacaron de su casa a golpes. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos familiares que vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo escuchar una serie de disparos.  Inmediatamente, salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo sin vida encontró en las inmediaciones del caserío.

- Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de la muerte del señor Escué Zapata. Sin embargo, la investigación no ha sido completada y ninguna persona se encuentra procesada o ha sido sancionada.

- Fecha de presentación de la petición (10.171): 26 de febrero de 1988

- Fecha de informes de admisibilidad y fondo (96/05): 24 de octubre de 2005

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 16 de mayo de 2006

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata; por la violación del derecho contemplado en el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima; y por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la presunta víctima y sus familiares.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la CIDH Interamericana. Sin embargo, adicionalmente a los alegatos de la CIDH, los representantes estimaron violados los derechos reconocidos en los  artículos 11, 21 y 23 de la Convención Americana.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 29 y 30 de enero de 2007

7. La Corte Interamericana es competente para conocer el caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, en razón de que Colombia es Estado Parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.

El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte.

I. Artículo 4.1. (Derecho a la vida) en relación  con el artículo 1.1 de la Convención Americana

1.1. Ejecución de Germán Escué Zapata

40. La Corte ha establecido que el derecho a  la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el  presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados  tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se  requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en  particular, el deber de impedir  que sus  agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el  artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona  sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además  requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y  preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de  garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas  bajo su jurisdicción. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas  las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación  de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para  prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de  seguridad.

41.   En  razón  de   lo  anterior  y   teniendo  en  cuenta además la confesión del Estado, la  Corte declara que Colombia violó el derecho contemplado en el artículo 4.1 de  la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en  perjuicio del señor Germán Escué Zapata.

42.Por otro lado, esta Corte entiende que, de  los hechos establecidos en los párrafos anteriores y conforme a lo estipulado  en los artículos 1.1 y 4.1 de la Convención Americana, surgió la obligación  estatal de investigar la muerte del señor Escué Zapata. (…) Basta decir, para  los efectos de la determinación de la violación del artículo 4.1 de la  Convención, que en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente este  derecho.

1.2. Contexto en el que ocurrieron los hechos

45. Al respecto, esta Corte ha establecido que  no es posible ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado  Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio  una práctica de violaciones a los derechos humanos, y que ello “obliga a la Corte  a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que,  sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de  los hechos alegados”. (…)

58. (…) [A]ún cuando el liderazgo formal de la  víctima no esté demostrado, la prueba aportada permite a la Corte concluir que  la víctima tenía un liderazgo de hecho dentro de la comunidad a la que  pertenecía y, además de haber ocupado el cargo de Cabildo en 1986, situación  que el Estado no  controvierte, tenía a  su cargo una serie de tareas que la Comunidad le había confiado, entre las que  destaca su trabajo en la tienda comunitaria. El liderazgo activo de Germán se  dio por sus aptitudes personales y su capacidad de leer, escribir y hacer  cuentas, así como por la preparación que recibió con ese propósito. (…)

63. (…) [L]a Corte no puede tener por  demostrado que los militares actuaron por cuenta propia, o por incitación de  otros indígenas o de terratenientes, con el objetivo específico de ejecutar a  Germán Escué Zapata por el liderazgo que tenía dentro de su Comunidad. Lo  anterior se debe, en gran  medida, a la  falta de efectividad de las investigaciones internas que hasta la fecha no han  podido aclarar todos los hechos (…).

64. De todo lo expuesto, la Corte considera  que, aún cuando hay evidencia que le permitiría inferir que existía una grave  situación contra los derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento  del Cauca en la época en que el señor Escué Zapata fue ejecutado  extrajudicialmente, no hay antecedentes suficientes en el expediente para que  el Tribunal pueda decidir que el presente caso se inscribe en la situación  aludida.

II. Artículo 5 (Derecho a la integridad personal)  en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana

2.1. Respecto del señor Escué Zapata

69. Conforme a la prueba aportada y a la confesión  del Estado, la víctima fue golpeada por militares mientras era acusada de ser  guerrillero y presionada a confesar dicha condición y la supuesta posesión de  armas. Asimismo, fue llevada hacia las montañas y momentos antes de su  ejecución se le pidió que corriera, a lo que la víctima contestó que no iba a  hacerlo por temor a ser ejecutada, lo que en efecto ocurrió inmediatamente  después (…). De ese modo, además de los maltratos físicos perpetrados mientras  la víctima era detenida, ésta también padeció el sufrimiento de caminar por  algún tiempo sin saber su destino y el desenlace de la operación militar,  intimidada por un grupo de militares armados y bajo el miedo de ser privada de  su vida.

70. Asimismo, los familiares de la víctima señalaron  que el cuerpo del señor Escué Zapata fue encontrado con signos de haber sido  físicamente torturado, presentando fracturas en los miembros inferiores, golpes  en todo el cuerpo y el rostro destrozado. En contrario, el señor Victorino  Mestizo Martínez, inspector de Policía que procedió al levantamiento del  cadáver, afirmó la inexistencia de equimosis u otros signos de golpes en el  cuerpo, y afirmó que la víctima no aparentaba haber sido torturada, y que tampoco  estaba amarrada.

71. Sobre tales hechos, la Corte nota que de las  declaraciones de los familiares de la víctima y del funcionario público  señaladas en el párrafo anterior, así como la de algunos militares, se  desprende que el señor Escué Zapata fue lesionado después de que éste fue  conducido de su residencia hacia el lugar de su ejecución. El tipo de lesiones  o la severidad de las mismas no se pueden tener como demostrados. Sin embargo,  ante la confesión del Estado de los hechos de este caso y la falta de una  investigación adecuada al respecto, la Corte los tiene como hechos  establecidos.

72. Consecuentemente, la Corte considera que los  maltratos y lesiones que el señor Escué Zapata sufrió implicaron una violación  por parte del Estado al derecho a la integridad personal consagrado en el  artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.

73. Respecto de la obligación de garantizar el  derecho reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, la Corte ha  señalado que ésta implica el deber del Estado de investigar posibles actos de  tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

74. En igual sentido, el Tribunal ha señalado  anteriormente que:  [“]a la luz de la  obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los  derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1  de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al  artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la  obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación  efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando  existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de  tortura.[”].

75. En definitiva, el deber de investigar constituye  una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no  puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas  de ninguna índole. Como ya ha señalado este Tribunal, en caso de vulneración  grave a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de prevenir la repetición  de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se  satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de  acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obligación de  investigar constituye un medio para alcanzar esos fines, y su incumplimiento  acarrea la responsabilidad internacional del Estado.

76. (…). Es suficiente indicar para los efectos de  la determinación de la violación del artículo 5 de la Convención, en relación  con el artículo 1.1 de la misma, que en este caso el Estado no ha garantizado  efectivamente el derecho a la integridad personal.

2.2. Respecto a los familiares de la víctima

77. Esta Corte ha afirmado, en otras oportunidades,  que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos  pueden ser, a su vez, víctimas. En este sentido, la Corte ha considerado  violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las  víctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como  producto de las circunstancias particulares   correspondientes a las violaciones perpetradas contra sus seres queridos  y a causa de las actuaciones u omisiones posteriores de las autoridades  estatales con respecto a esos hechos. Entre los extremos a considerar se  encuentran la existencia de un estrecho vínculo familiar, las circunstancias  particulares de la relación con la víctima, la forma en que el familiar fue  testigo de los eventos violatorios y se involucró en la búsqueda de justicia y  la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas. (…)

79. La Corte únicamente desea resaltar que la madre,  esposa, hija y hermano, Aldemar Escué Zapata, estaban en la casa durante la  requisa efectuada por los agentes del Estado, siendo testigos de la detención y  de maltratos sufridos por la víctima. Conforme declararon los agentes del  Estado, la compañera de la víctima imploraba a los militares que no lo  detuvieran. Asimismo, fueron los familiares quienes minutos después encontraron  el cuerpo del señor Escué Zapata. Además, tal y como lo aceptó el Estado (…),  la demora en la investigación, acusación y sanción de los responsables también  causó afectaciones psíquicas y morales a los familiares de la víctima. Ahora bien,  aún cuando el Tribunal valore positivamente que el Estado entregó los restos  mortales de la víctima a sus familiares, considera que la demora de 4 años,  contada desde la exhumación de los restos con fines investigativos hasta la  devolución, también ocasionó un perjuicio emocional a los mismos.

80.  En  vista   de  lo  anterior   y teniendo presente la confesión del Estado, el Tribunal considera que  los familiares de la víctima (…), son víctimas de la violación del artículo 5.1  de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

2.3. Respecto a la comunidad

81. La Corte no analizará los hechos expuestos por  los representantes como violatorios a la integridad personal de los miembros de  la Comunidad Indígena Paez, ya que éstos no fueron incluidos como víctimas en  la demanda de la Comisión Interamericana.

III. Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) en relación con el  artículo 1.1 de la Convención Americana

85. De las pruebas aportadas por las partes y  considerando la confesión del Estado, la Corte tiene por probado que el 1 de  febrero de 1988, en horas de la noche, miembros del Ejército Nacional, sin  orden de detención ni  de allanamiento o  comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata.

86. Por lo anterior, la Corte considera  que el señor Escué Zapata fue detenido  ilegalmente por miembros del Ejército Nacional y, como se señaló anteriormente  (...), ejecutado momentos más tarde por sus captores, no siendo necesario, por  ende, determinar si la víctima fue trasladada sin demora ante la autoridad  judicial competente; si fue informada de los motivos de su detención; y mucho  menos definir si el acto de detención fue irrazonable, imprevisible o carente  de proporcionalidad. Evidentemente la detención del señor Escué Zapata  constituyó un acto ilegal, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de  la misma no era ponerlo a disposición de un juez u otro funcionario autorizado  por la ley, sino ejecutarlo, por lo que resulta también innecesario al Tribunal  pronunciarse acerca de la denunciada arbitrariedad de tal medida. Es decir, su  detención fue de carácter manifiestamente ilegal, contrario  a los términos del artículo 7.1 y 7.2 de la  Convención.

87. La Corte observa que en todo caso que se alega  la existencia de una detención ilegal o arbitraria surge para el Estado el  deber de investigar la misma, de conformidad con el deber de garantía  establecido en el artículo 1.1 de la Convención, en consonancia con el artículo  7 de la misma. (…) Basta decir para los efectos de la determinación de la  violación del derecho a la libertad personal, que en este  caso   el  Estado  no   lo  ha  garantizado efectivamente.

IV. Artículo 11 (Protección de la honra y de la dignidad) en relación con el  artículo 1.1 de la Convención Americana

94. El Tribunal estima que no es relevante para los  fines de esta causa determinar si los militares forzaron la puerta o si  intimidaron al señor Aldemar Escué para que les permitiera entrar. Lo cierto es  que agentes estatales ingresaron a la vivienda en la que se encontraban el  señor Germán Escué Zapata y algunos miembros de su familia, contra la voluntad  de sus ocupantes y sin autorización legal para ello. Ahora, corresponde al  Tribunal determinar si tales hechos constituyen una violación de los derechos  protegidos en el artículo 11.2 de la Convención.

95. La protección de la vida privada, la vida  familiar y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas implica el  reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune  a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de  la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y la  familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se  convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida  privada y la vida familiar. La propia Constitución colombiana vigente en la  época de los hechos establecía en su artículo 23 que: [“] Nadie puede ser  molestado en su persona o familia, (…) ni su domicilio registrado, sino en  virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades  legales y por motivo previamente definido en la ley (…).[“]

96. Por lo anterior, la Corte considera que la  acción de los efectivos militares constituyó una injerencia arbitraria y  abusiva en el  domicilio del señor Germán  Escué Zapata. Por tanto, la Corte considera que se violó el derecho consagrado  en el artículo 11.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1  de la misma, en perjuicio de Germán Escué Zapata y de los familiares que, ha  quedado probado, en la época de los hechos vivían habitualmente en el domicilio  allanado, a saber: Bertha Escué Coicue, Myriam Zapata Escué, Etelvina Escué,  Mario Pasu y Aldemar Escué Zapata.

97. Finalmente, la Corte observa que el Estado no ha  investigado los hechos señalados, incumpliendo con ello el deber de garantía  que tiene respecto al derecho consagrado en el artículo 11.2 de la Convención,  conforme a lo estipulado en el artículo 1.1 de la misma.

V. Artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) en  relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana

101. El Tribunal estima útil analizar si el proceso  abierto en el fuero interno por los hechos de este caso respetó el derecho a  ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez  competente, independiente e imparcial, y si constituyó un recurso efectivo para  asegurar los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación.

5.1. Plazo razonable

102. En relación con la razonabilidad del plazo,  este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar,  en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a  que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se  sancione a los responsables. La Corte ha establecido que es preciso tomar en  cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a)  complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, y c) conducta de  las autoridades judiciales.

103. Teniendo en cuenta esos tres elementos, así  como la confesión del Estado, la Corte declara que el lapso de 19 años que ha  demorado la justicia interna en el presente caso es notoriamente irrazonable y  constituye una violación al derecho consagrado en el artículo 8.1 de la  Convención Americana en perjuicio del señor Escué Zapata y sus familiares.

5.2. Jurisdicción militar

104. Por más de diez años la investigación penal por  la muerte del señor Escué Zapata estuvo a cargo del Juzgado No. 34 de Instrucción  Penal Militar.

105. El Tribunal ha establecido que en un Estado  Democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance  restrictivo y excepcional: sólo se debe juzgar a militares por la comisión de  delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos  propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que “[c]uando la  justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia  ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido  proceso, el cual, a su vez, [se encuentra] íntimamente ligado al propio derecho  de acceso a la justicia”. Por estas razones y por la naturaleza del crimen y el  bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no era el fuero  competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de  los hechos de este caso.

106. En vista de lo anterior, la Corte considera que  durante el tiempo que la justicia penal militar conoció el presente caso el  Estado violó el derecho a ser oído por un juez competente, independiente e  imparcial, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Ahora  bien, la Corte nota que el proceso por la muerte del señor Escué Zapata se  encuentra actualmente en la jurisdicción ordinaria. Es decir, que el Estado ha  subsanado por cuenta propia la violación inicial de este derecho. No obstante,  la remisión a la jurisdicción ordinaria, y en el presente caso a la Unidad  Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía  General de la Nación (UNDH), no es suficiente para que el Estado cumpla con  todos sus compromisos internacionales derivados de la Convención Americana. En  efecto, la investigación que se adelante en esta jurisdicción debe ser  realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la  determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su  caso, el castigo de todos los responsables, cualquiera que haya sido su  participación en los hechos. Una debida diligencia en los procesos  investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos,  el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican  su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las  autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar  el material probatorio relacionado con los hechos; c) identificar posibles  testigos y obtener sus declaraciones; d) determinar la causa, forma, lugar y momento  en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda  haber causado; y e) en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural,  accidental, suicidio y homicidio.

5.3. Efectividad del procedimiento

107. Respecto de la efectividad de los  procedimientos judiciales iniciados por el Estado, la Corte resalta que en el  primer año después de los hechos, en la investigación penal militar, sólo  rindieron declaraciones cinco militares que supuestamente habían presenciado  los hechos. La escena del crimen permaneció sin investigación y no se realizó  la autopsia del cadáver. Únicamente se procedió al levantamiento del cuerpo, lo  que resultó en la imposibilidad de colectar vestigios importantes para  comprobar, entre otros hechos, la inexistencia de confrontación y la autoría de  los disparos. Se extravió el expediente procesal y todas las diligencias  emprendidas por el Juzgado Penal Militar No. 34 entre los años 1992 y 1998 se  orientaron a la reconstrucción del procedimiento, sin que se produjesen nuevas  pruebas. Finalmente, hasta la  remisión  del proceso al fuero común se constataron largos períodos de inactividad  procesal.

108. Por otro lado, si bien el Estado intentó buscar  el expediente extraviado, no se presentaron pruebas de que efectuó una  investigación tendiente a determinar las circunstancias y los responsables de  la pérdida. Igualmente, las autoridades judiciales ordinarias empezaron a  reconstruir el expediente extraviado únicamente en mayo de 1992 y no pudieron  ser reconstituidas diligencias clave, como por ejemplo las actas de  levantamiento y el registro de depósito del armamento supuestamente encontrado  en poder de la víctima.

109. Del mismo modo, el Estado limitó sus  investigaciones al  homicidio de la  víctima, quedando sin aclaración otros hechos relacionados a ese crimen, tales  como la detención ilegal del señor Escué Zapata, las lesiones corporales que  sufrió, el allanamiento ilegal en su domicilio, la colaboración de los ex  soldados, hoy civiles, en el encubrimiento de los hechos, y la supuesta  participación de indígenas y/o terratenientes en el delito. Sobre todos estos  acontecimientos declararon los familiares de la víctima y algunos militares que  participaron en el operativo que detuvo al señor Escué Zapata. Sin embargo, las  autoridades judiciales no procedieron a investigar estas alegaciones, y las  mismas aún no se encuentran resueltas.

110. Ahora bien, la Corte reconoce que el Estado,  especialmente a través de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional  Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, a partir del año 2002, ha  procedido a realizar varias diligencias con el fin de investigar los hechos y  dar con los responsables. Así, conforme a lo expuesto por la testigo Yolanda  Prado, no controvertido por las partes, se ha ordenado una cantidad más o menos  de 25 inspecciones judiciales y “unas 55 declaraciones”. Del mismo modo,  conforme a la reciente información proporcionada por el Estado, se ha logrado  la individualización, captura, privación de la libertad y acusación de algunos  presuntos responsables.

111. Ante lo expuesto, aunque valora positivamente  la reciente conducta investigativa del Estado, el Tribunal observa que los  procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para  garantizar el acceso a la justicia, la investigación y sanción de los  responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones.  Con base en las precedentes consideraciones y teniendo en cuenta la confesión  parcial efectuada por el Estado, la Corte concluye que Colombia violó los  derechos previstos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en  contra del señor Germán Escué Zapata y sus familiares, las señoras Etelvina  Zapata Escué, Myriam Zapata Escué, Bertha Escué Coicue y Francya Doli Escué  Zapata, y los señores Mario Pasu, Aldemar Escué Zapata, Yonson Escué Zapata,  Ayénder Escué Zapata, Omar Zapata y Albeiro Pasu.

VI. Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) de la Convención  Americana

117. La Corte considera que en virtud del principio  de equidad procesal, la seguridad jurídica y el derecho de defensa del Estado,  la Comisión Interamericana no puede presentar hechos que supongan un cambio en  el marco fáctico del caso, a menos se trate de hechos supervinientes. El  supuesto hurto de la  tienda comunitaria  no constituye un hecho superviniente, sino que constaba en el expediente del  caso antes de que la Comisión emitiera el Informe No. 96/05, y antes de que la  Comisión presentara su demanda ante la Corte. Por ello, la Corte no analizará  estas alegaciones por cuanto constituyen hechos nuevos.

VII. Artículo 23.1 (Derechos políticos) en relación con el artículo 1.1 de la  Convención Americana

121. La Corte analizará la alegada violación del  artículo 23.1 de la Convención en relación con el artículo 4.1 de la misma,  únicamente en perjuicio del señor Germán Escué Zapata, puesto que se trata de  una cuestión de derecho que los representantes presentaron desde su primer  escrito. La alegada violación de los derechos políticos de la Comunidad o sus  miembros no será analizada, puesto que se trata de la inclusión de nuevas  víctimas que no fueron identificadas por la Comisión en el momento procesal  oportuno.

122. La justificación de la alegada violación  al artículo 23 en perjuicio del señor Escué  Zapata consiste en que con su muerte se le impidió ejercer su “autoridad de  gobierno indígena”. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal, “la privación  arbitraria de la vida suprime a la persona humana, y, por consiguiente, no procede,  en esta circunstancia, invocar la supuesta violación […] de otros derechos  consagrados en la Convención Americana”. Además, los derechos políticos  establecidos en el artículo 23 de la Convención Americana tienen, al igual que  los demás derechos protegidos en la Convención, un contenido jurídico propio.  En este caso, más allá de la muerte de la víctima, no se ha indicado otro hecho  que vulnere ese contenido jurídico específico del artículo 23.

123. En razón de lo anterior, el Tribunal concluye  que no se ha demostrado una violación de los derechos consagrados en el  artículo 23.1 de la Convención en perjuicio del señor Escué Zapata.

124. Pese a lo dicho en los párrafos anteriores, la  Corte reconoce que la pérdida de un líder para el Pueblo Paez significó una  “desmembración y daño a la integridad de la colectividad; frustración ante la  enorme confianza depositada en él para ayudarlos a realizar el buen vivir y,  sentimientos de pérdida ante los esfuerzos colectivos realizados para que,  apoyado por su [C]omunidad, pudiera actuar   en desarrollo de su misión como persona especial”.

125. Esta situación será analizada por el Tribunal  al momento de dictar las reparaciones correspondientes, teniendo en cuenta que  el  propio Estado señaló  que “las medidas de reparación que fueron  ofrecidas por éste, como, por ejemplo, la recuperación de la memoria histórica  de la víctima, la publicación de la [S]entencia y las obligaciones de no  repetición[,] van encaminadas a reparar a la sociedad en su conjunto y dentro  de ésta a los miembros de la Vereda de Vitoyó”.

La Corte dispone que,

- La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.

- El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente Sentencia por concepto de daños materiales, daños inmateriales y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

- El Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea.

- El Estado debe destinar la cantidad establecida en el párrafo 168 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma, en un fondo que lleve el nombre de Germán Escué Zapata, para que la Comunidad de Jambaló lo invierta en obras o servicios de interés colectivo en su beneficio.

- El Estado debe otorgar a Myriam Zapata Escué, de la manera más pronta posible, una beca para realizar estudios universitarios.

-  El Estado debe proveer, sin cargo alguno, el tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y psicológico adecuado que requieran a las señoras Etelvina Zapata Escué, Myriam Zapata Escué, Bertha Escué Coicue y Francya Doli Escué Zapata, y a los señores Mario Pasu, Aldemar Escué Zapata, Yonson Escué Zapata, Ayénder Escué Zapata, Omar Zapata y Albeiro Pasu.

- El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 174 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma.

- El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

- Supervisará la ejecución íntegra de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

La Corte declara que,

- Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 11 a 21 de esta Sentencia, y establece la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata.

- Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 11 a 21 de esta Sentencia, y establece la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las señoras Etelvina Zapata Escué, Myriam Zapata Escué, Bertha Escué Coicue y Francya Doli Escué Zapata, y de los señores Mario Pasu, Aldemar Escué Zapata, Yonson Escué Zapata, Ayénder Escué Zapata, Omar Zapata y Albeiro Pasu.

-  El Estado violó el derecho a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata y sus familiares, las señoras Etelvina Zapata Escué, Myriam ZapataEscué y Bertha Escué Coicue, y los señores Mario Pasu y Aldemar Escué Zapata.

- El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata y sus familiares, las señoras Etelvina Zapata Escué, Myriam Zapata Escué, Bertha Escué Coicue y Francya Doli Escué Zapata, y los señores Mario Pasu, Aldemar Escué Zapata, Yonson Escué Zapata, Ayénder Escué Zapata, Omar Zapata y Albeiro Pasu.

- No analizará la alegada violación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El Estado no violó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas

- Fecha: 5 de mayo de 2008

- Solicitud: El Estado solicitó que se aclaren algunas medidas de reparación decretadas por la Corte Interamericana en su sentencia, por cuanto no existe claridad  respecto de su ejecución

- La Corte decide,

(i) Declarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 4 de julio de 2007.

(ii) Determinar el alcance de lo dispuesto en el párrafo 166 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 4 de julio de 2007, en los términos del párrafo 15 de la presente Sentencia.

(iii) Determinar el alcance de lo dispuesto en el párrafo 168 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 4  de julio de 2007, en los términos de los párrafos 20 y 21 de la presente Sentencia.

(iv) Determinar el alcance de lo dispuesto en el párrafo 170 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 4  de julio de 2007, en los términos de los párrafos 26 a 29 de la presente Sentencia.

(v) Determinar el alcance de lo dispuesto en el párrafo 188 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 4 de julio de 2007, en los términos del párrafo 34 de la presente Sentencia.

(vi) Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Sentencia a los representantes de la víctima y sus familiares, al Estado de Colombia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fecha de última resolución: 21 de febrero de 2011

 - La Corte declara que,

(i) De conformidad con lo señalado en la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento a los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia:

a) otorgamiento de la beca para realizar estudios universitarios, y

b) publicación de la Sentencia en el Diario Oficial.

(ii) Al supervisar el cumplimiento integral de la Sentencia emitida en el presente caso, y después de analizar la información suministrada por el Estado, la Comisión y los representantes, la Corte mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:

a) conducción de los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso, de  conformidad con lo expuesto en el Considerando 10, y

b) la provisión de tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y psicológico adecuado a los familiares de la víctima.

- La Corte resuelve,

(i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana.

(ii) Solicitar al Estado que presente, a más tardar el 7 de junio de 2011, un informe que contenga información detallada, actual y precisa sobre los puntos que se encuentran pendientes de acatamiento, señalados en el punto declarativo 2.

(iii) Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.

(iv) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 4 de julio de 2007.

(v) Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a  los representantes de las víctimas.