El caso se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por una serie de presuntas violaciones en el marco de un proceso penal seguido en contra de 140 personas pertenecientes a la etnia mapuche, en el contexto de una serie de protestas llevadas a cabo en 1992 en ocasión de los 500 años de la conquista española de América.

Entre el 16 y 20 de junio de 1992 los miembros del Consejo de Todas las Tierras, organización que agrupa autoridades originarias mapuches, habrían realizado la toma de once predios vecinos a sus comunidades para procurar la atención de la opinión pública respecto de varios reclamos, así como la atención del Senado donde se tramitaba el proyecto de Ley Indígena. Las tomas consistían en realizar manifestaciones por un plazo breve en los predios ocupados colocando letreros con consignas que exigían la devolución de las tierras. Las ocupaciones finalizaron cuando los predios fueron presuntamente desocupados por la fuerza pública.

Posteriormente, las presuntas víctimas fueron sometidas a un proceso penal y el 11 de marzo de 1993 fueron condenadas por los delitos de usurpación, asociación ilícita, desacato, hurto, encubrimiento de hurto y lesiones a penas que oscilaron entre el pago de seis sueldos vitales hasta penas de tres años y nueve meses de prisión. Según se alega, durante dichos procesos penales, se habrían cometido presuntas violaciones de los derechos a ser juzgado por autoridad imparcial, el derecho a contar con una motivación adecuada, el principio de presunción de inocencia, el derecho a la notificación previa y detallada de la acusación, el derecho al tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.