“El respeto al debido proceso”

La historia de los derechos humanos en Chile y particularmente de este país ante el Sistema Interamericano está estrechamente vinculada con el caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile.

El caso se relaciona con doce personas miembros de la Fuerza Aérea y un empleado civil que trabajaba para esa entidad, quienes, entre los años 1973 y 1975, fueron detenidos y procesados ante Consejos de Guerra. Asimismo, fueron sometidos a malos tratos y torturas con la finalidad de extraer sus confesiones sobre delitos por los cuales se los acusaba y fueron condenados. Con posterioridad permanecieron privados de libertad por períodos de tiempo de hasta 5 años y, ulteriormente, se les conmutó la pena por exilio.

El 2 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró la responsabilidad internacional del Estado chileno en el caso “Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile. La Corte declaró al Estado Chileno responsable por haber imposibilitado a antiguos militares legalistas a tener acceso a un recurso judicial efectivo, para así poder anular los enjuiciamientos de las cortes marciales pronunciados en su contra, obtenidos con base en confesiones bajo tortura. Del mismo modo, la Corte declaró que el Estado es responsable por la tardanza excesiva de 12 años para iniciar las investigaciones respecto a las torturas que sufrieron Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal.

Un camino en búsqueda de la justicia

Ante esta situación, y luego de que las víctimas trataran de obtener por distintas vías que un Tribunal nacional les escuchase, se tomó la decisión de recurrir al Sistema Interamericano. En 2003, la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y la CODEPU (Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo) presentaron la denuncia ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) contra Chile, la que luego de diez años ingresaría a la Corte Interamericana en el año 2013.

En su momento los representantes de las víctimas señalaron que “La decisión de la Corte es un paso importante para la lucha contra la impunidad en Chile, especialmente en relación con el destino de los militares legalistas y el acceso a la justicia para las víctimas de la justicia militar bajo regímenes dictatoriales”, destacó la FIDH.

Ciro Colombara, abogado representante de las víctimas del caso, destaca el gran valor que tuvo el Sistema Interamericano para estos funcionarios militares, lo que representó la posibilidad de poder acceder a la justicia por primera vez. “Este caso toca temas tan sensibles para nuestro continente como el acceso a la justicia y las graves violaciones a los derechos humanos. El caso Maldonado Vargas se refiere a los hechos ocurridos inmediatamente producido el golpe militar en Chile en 1973. La Fuerza Aérea de Chile detuvo una gran cantidad de oficiales y suboficiales, entre ellos al padre de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien murió en prisión por culpa de estos mismos hechos. Este Tribunal termina sometiendo a torturas atroces a funcionarios de la Fuerza Aérea, con el objeto de que confesaran un supuesto plan de insurrección y traición a la patria.

Estos oficiales y suboficiales de la fuerza aérea en realidad no apoyaron el golpe porque eran constitucionalistas, y por esa razón fueron encarcelados y acusados falsamente de delitos que no habían cometido”, destacó Colombara.

Además de las torturas a las que fueron sometidos los militares implicados, “en lo que respecta al honor militar, los delitos de los que se les acusó fueron terribles, siendo sometidos a simulacros de juicio militar, donde no hubo ningún respeto al debido proceso, y condenados en base a declaraciones obtenidas bajo tortura”, señaló el abogado representante de las víctimas ante la Corte Interamericana.

“Durante prácticamente cuarenta años los militares que se encontraban en el exilio pelearon para que la justicia chilena revisase y eliminase estas condenas asociadas a “traición a la patria” que les había impuesto la justicia militar. Como eso no ocurrió, acudieron al sistema interamericano”, destacó.

“Me puedo morir en paz, fui escuchado por un Tribunal”

Las Audiencias del caso se desarrollaron los días 29 y 30 de abril de 2015 en Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión del 53 Período Extraordinario de Sesiones del Tribunal. “Aún recuerdo al Comandante Galaz que llegó a muy duras penas hasta la Audiencia y llegó a declarar. Es uno de los casos que más me ha impactado del punto de vista humano. Ver a exmilitares sobre el final de sus días, con más de 85 años, dándose por reparado sólo por el hecho de ser escuchados por la Corte Interamericana”, señaló el representante de las víctimas, Colombara.

“Él y otros estaban esperando que se eliminaran esas condenas puestas por la justicia militar para morir en paz y, efectivamente, poco después de dictada la Sentencia y el acto de reparación el Coronel Galaz falleció”, destacó.

“Me basta con que un Tribunal Internacional me haya escuchado para sentirme reparado. Por el solo hecho de que la Corte Interamericana haya escuchado mi testimonio, me siento protegido en mis derechos”, declaró el Coronel Galaz al salir de la Audiencia ante la Corte Interamericana.

Sentencia y Medidas de Reparación

“En el año 2015 se dictó esta Sentencia emblemática no solo para los 12 peticionarios originales, sino también de todas las personas en Chile que por otras instituciones armadas habían sido sometidas a Consejos de Guerra y condenados en virtud de declaraciones obtenidas bajo tortura, por delitos como la traición a la patria”, señaló Colombara.

Con respecto a las reparaciones, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iii) develar una placa con la inscripción de los nombres de las víctimas; iv) poner a disposición de las víctimas del presente caso, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la presente Sentencia, un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas en la referida causa en su perjuicio. Ese mecanismo debe ser puesto a disposición de las demás personas que fueron condenadas por los Consejos de Guerra durante la dictadura militar chilena; v) continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación de los hechos del presente caso; entre otras.

“Esta sentencia de la Corte Interamericana obligó al Estado de Chile a poner a disposición disculpas públicas, reparando moralmente a estas personas que habían sido acusadas de delitos terribles. A su vez, la Sentencia obligó al Estado de Chile para que se establezca un dispositivo procesal que permitiera eliminar los procesos y delitos que se les había imputado. La Corte Suprema de Justicia dictó Sentencias de manera unánime eliminando Sentencias en los años 1974 y 1975 que fueron utilizadas por los Consejos de Guerra para incriminar a las víctimas en base a declaraciones obtenidas bajo tortura”, destacó Omar Maldonado Vargas.

La Sentencia “permitió además que otros ciudadanos que se hayan visto afectados por Sentencias dictadas por otros Consejos de Guerra en esos años, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la eliminación de esos procesos”, señaló el abogado Ciro Colombara.

En fallos unánimes, la Corte Suprema de Justicia de Chile en 2019 acogió recursos de revisión , anuló las sentencias y decretó la absolución de condenados en los consejos de Guerra realizados en Ñuble y Concepción en 1974, respectivamente.

“Esta Sentencia tiene un gran impacto para todas las Américas porque muchos países tuvieron dictaduras similares a la de Chile con Consejos de Guerra tan espurios y violatorios del debido proceso como los que hubo en nuestro país. En virtud del Control de Convencionalidad, todas esas condenas injustas dictadas por Consejos de Guerra similares a los de la dictadura en Chile, debieran dejarse sin efecto”, agregó Colombara.

El acto público de reparación

El día 7 de octubre de 2016, en una emotiva ceremonia, en el Salón de Honor del ex Congreso de Chile se dieron cita, las máximas autoridades del país, encabezadas por la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ministros de Estado, los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade; además de diversas organizaciones gubernamentales y de Derechos Humanos con el fin de asistir al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso “Omar Humberto Maldonado y otros Vs Chile".

La sentencia fue leída en este acto público por el abogado jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Juan Pablo González.

El titular de la Corte Suprema de Chile, Hugo Dolmestch señaló en una sentida alocución que “concurro a esta solemne ceremonia de desagravio, asumiendo su real contenido y alcance que, a mi juicio, no es sólo de naturaleza jurídica, sino que sobre todo alcanza un profundo sentido humano y de inconmensurable proyección histórica, tan necesario para la sanidad de la memoria colectiva del país. Por lo mismo, no puedo ocultar que me embarga una profunda emoción, la que se aumenta por la presencia de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos y por la esperanza que ésta simboliza en aras a fortalecer la convivencia nacional sobre la base de los principios de tolerancia, solidaridad, justicia y verdad”.

En tanto, el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber aseveró que “las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura son un asunto que nos concierne a todos”. Agregó que “esta sentencia ha pasado a ser parte de la memoria histórica del país y se inscribe en la restitución dignidad de las víctimas”… “junto con devolver esta dignidad a las víctimas el fallo reconoce los cambios experimentados por Chile en los últimos años”.

Por su parte, la Presidenta de la República Michelle Bachelet, visiblemente emocionada, señaló en su intervención que “debemos seguir ahondando nuestro compromiso con los derechos humanos en este proceso que es permanente y en el que cada día se abren nuevos desafíos. Los crímenes de la dictadura que impactaron a las víctimas, los familiares y a toda nuestra sociedad requieren de esfuerzos continuos por parte del Estado para investigar, sancionar y reparar estas heridas, solo así podremos construir sobre cimientos firmes un futuro con garantías plenas a los derechos de todos y todas”.

Por último, Ernesto Galaz, intervino a nombre de las víctimas y señaló que “cuando se procede a reparar a las víctimas, el efecto social, además de un acto de justicia atenúa considerablemente este sufrimiento”. Sin embargo, aclaró que este tipo de hechos “jamás serán reparados sin la intervención de la justicia”.

Recordó además a sus colegas generales fallecidos en los cuarteles, entre ellos el general Bachelet, padre de la Mandataria y “a todos nuestros compañeros que murieron en el extranjero", “jurídicamente considerados como ‘traidores a la patria’. A ellos ofrendamos este acto de reparación jurídica”.

El mensaje de la Sentencia es claro: Tarde o temprano la justicia llegará

Respecto al impacto que tiene esta Sentencia, el mensaje es categórico: “Da lo mismo el tiempo que pase, en este caso fueron 43 años. Las víctimas son incansables, tarde o temprano si la justicia a nivel local falla o los Estados fallan, el Sistema Interamericano es la última esperanza para la protección de las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina. Podrá tomar mucho tiempo, pero tarde o temprano la justicia va a llegar y no va a haber impunidad”, destacó el abogado Colombara.

La Presidenta Bachelet agradeció a las víctimas que “gracias a su esfuerzo, a su coraje, a su tenacidad, las cosas vuelven a estar en su lugar y queda claro, ante Chile, ante el mundo y más importante, ante las generaciones que vendrán, lo que todos siempre supimos: son ustedes inocentes; son ustedes víctimas; nunca traicionaron su juramento de lealtad al orden constitucional, y menos aún a sus compañeros de armas”, sentenció.