Un Viaje en Búsqueda de Justicia
En una mañana de diciembre de 2021, un rayo de esperanza iluminó la búsqueda de justicia en Uruguay. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó una Sentencia que responsabilizaba al Estado uruguayo por violaciones a los derechos humanos, cerrando así un capítulo oscuro en la historia del país, pero abriendo la puerta a una búsqueda renovada de justicia.
Este fallo, en el caso Maidanik y otros Vs. Uruguay, marcó un hito al declarar culpable al Estado por las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, y por la falta de investigación en las ejecuciones de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, durante la dictadura que asoló Uruguay entre 1973 y 1985.
Es importante destacar que, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltó la falta de diligencia del Estado en investigar estos casos, así como la necesidad de garantizar que estos crímenes no prescriban. Esto, representa un avance significativo por la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias durante el período de la dictadura cívico-militar en el país.
Fuente: Radio Centenario-1250 AM Montevideo
La Noche Oscura de la Dictadura en Uruguay
El 27 de junio de 1973, Uruguay sucumbió a una dictadura cívico-militar que se extendió hasta el 28 de febrero de 1985. Fue una época de terror y represión, caracterizada por detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
Los señores González González y Tassino Asteazu fueron víctimas de este régimen opresivo. Detenidos en centros clandestinos, sus vidas quedaron suspendidas en un limbo de incertidumbre. Décadas después, sus familiares siguen sin conocer su paradero, un vacío doloroso que el Estado uruguayo no ha sabido llenar.
La falta de diligencia del Estado uruguayo en investigar los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias durante la dictadura ha sido condenada por la Corte. La ausencia de acción inmediata en la búsqueda de la verdad y la justicia, junto con la Ley de Caducidad de 1986, que obstaculizó las investigaciones al suspender la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos durante la dictadura, han contribuido a prolongar el sufrimiento de las familias de las víctimas.
La Búsqueda de la Verdad
Más de 44 años después de sus desapariciones, la incertidumbre persiste. La falta de diligencia del Estado uruguayo en investigar estos casos ha sido condenada por la Corte. En la Sentencia del Tribunal se señalaba que no se habían realizado acciones inmediatas de búsqueda, y la Ley de Caducidad de 1986, que caducaba la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos durante la dictadura, sólo agravó la situación. Esta ley, denunciada por obstaculizar la justicia, suspendió las investigaciones durante años, impidiendo que se determinaran todas las responsabilidades penales.
Fuente: Resistencia
Voces Silenciadas
Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio fueron ejecutadas por militares. La Corte IDH encontró que Uruguay no investigó adecuadamente sus muertes, violando así los derechos de sus familiares. Estos actos de violencia contra mujeres no fueron abordados con la perspectiva de género necesaria, dejando un vacío en la justicia que aún clama ser llenado.
La Sentencia de la Corte IDH
El 15 de noviembre de 2021, la Corte IDH emitió una Sentencia histórica. Declaró al Estado uruguayo responsable por la violación de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, y condenó la falta de acciones adecuadas de investigación. La Sentencia destacó la obligación del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones cometidas durante la dictadura, y la necesidad de garantizar que estos crímenes no prescriban, recalcando la importancia de la justicia continua y la no impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
De igual manera la Corte enfatizó la obligación del Estado uruguayo de investigar de manera diligente estos crímenes, así como de asegurar que no queden impunes, incluso considerando la aplicación de la Ley de Caducidad que ha obstaculizado la búsqueda de justicia en el pasado.
Un Acto de Reconocimiento
El pasado 15 de junio de 2023, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se realizó el acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en cinco crímenes de lesa humanidad: el asesinato de las llamadas «Muchachas de abril» y las desapariciones de Luis González y Óscar Tassino.
El acto oficial, en el que el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad y participación en los homicidios de las “Muchachas de Abril” —las tres jóvenes asesinadas durante un operativo de las Fuerzas Conjuntas en 1974, en dictadura cívico-militar— estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, acompañada por el canciller interino, Nicolás Albertoni. Durante la oratoria, hubo un salón colmado de presentes. Muchas personas se reunieron también en la plaza 1º de Mayo, en la vereda de enfrente, donde una pantalla gigante transmitía en vivo el acto.
Familiares de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, que tenían entre 19 y 21 años al momento en que les dieron muerte, convocaron junto a Familiares de Detenidos Desaparecidos a todo el pueblo uruguayo a hacerse presente porque «a todos nos deben ese reconocimiento y el compromiso de hacer mucho más ¡por la verdad y justicia que nos deben!», subrayaba una misiva leída en el encuentro.
Fuente: Semanario El Popular
«Fiel a lo que se establece que se debe hacer, en nombre del Estado reconocemos que el Estado es responsable por la violación al derecho a la personalidad jurídica, a la vida y la integridad y libertad personal» de las víctimas del caso, subrayó la vicepresidenta. También por la falta de garantías y la ausencia de protección judicial hacia ellas, así como la violación al derecho de sus familiares a saber la verdad.
En una breve intervención, Argimón relató los alcances de la Sentencia de la Corte IDH, los derechos y la normativa que el Estado vulneró. También señaló las acciones que a nivel estatal se llevaron a cabo para su cumplimiento. Entre ellas, destacó el «fortalecimiento» de las capacidades de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, junto a la «capacitación» y «sensibilización» de las Fuerzas Armadas en temas vinculados a los derechos humanos. El relato incluyó la mención a los pagos por indemnizaciones que el Estado lleva efectuados a las víctimas.
En nombre del Estado, Argimón se comprometió a cumplir con otra parte de la Sentencia, que indica la obligación de determinar el destino de Tassino y de González, así como la de investigar, sancionar y reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos vinculadas a estos casos.
Con la voz entrecortada por la emoción, Karina Tassino -hija de Óscar- recordó a todos los que lucharon por conocer la verdad y a todos los que se fueron sin conocerla. «El Estado violó nuestros derechos», afirmó. «El terrorismo de Estado afectó a toda la sociedad», indicó.
«Con las tripas decimos: los vamos a encontrar a todos. Por memoria y justicia, nunca más», pidió al concluir. En el cierre del acto, la vicepresidenta exhortó a que cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, la aporte.
Fuente: Semanario El Popular
La Lucha por la verdad y justicia continúa
Para Karina Tassino, hija de Óscar Tassino, y otros familiares de las víctimas, la Sentencia de la Corte IDH representa un rayo de esperanza en una lucha larga y dolorosa. "Saber y recordar es la garantía de no repetición", dijo Tassino, destacando la importancia de la memoria y la verdad en la búsqueda de justicia.
Por su parte, Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), también subrayó la importancia de esta Sentencia para las víctimas y sus familias, y la necesidad de que el Estado uruguayo desarrolle una política proactiva para buscar la verdad y reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas.
La Sentencia del caso Maidanik y otros Vs. Uruguay es un recordatorio de las heridas aún abiertas del pasado y la responsabilidad del Estado de sanar esas heridas a través de la justicia y la verdad. En la búsqueda de estas, el camino es largo, pero cada paso adelante es un tributo a las víctimas y un compromiso con un futuro más justo y humano.
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