Un camino de búsqueda de justicia para la población LGBTIQ
En la búsqueda de la justicia
En la Sentencia del Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a la República del Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.
El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana peruana Azul Rojas Marín, cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales, quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada.
Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande, que luego de varias instancias, fue desestimada, ordenando el archivo del expediente.
En su Sentencia, la Corte reiteró que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención.
La Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas Marín, pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria.
El Tribunal concluyó que la señora Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual, y fue víctima de violación sexual; constituyéndose en un acto de tortura en contra de la víctima. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura.
A su vez, la Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, violando los derechos a las garantías y protección judicial.
En su Sentencia, la Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional, tal como ocurrió en el presente caso.
La reparación del daño
Audiencia Pública del Caso Rojas Marín y otra Vs. Perú.
En este caso la Corte determinó diversas medidas de reparación, entre las que se cuentan:
a) Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín; b) Las publicaciones de la Sentencia y su resumen oficial; c) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; d) Brindar tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a Azul Rojas Marín; e) Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; f) Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI; g) Diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI; h) Eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú e i) Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos, y reintegro del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Acto de Reconocimiento de Responsabilidad
Azul Rojas Marin en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.
El día 3 de noviembre de 2022, por primera vez en la historia, el Estado peruano pidió perdón por vulnerar los derechos humanos de Azul Rojas Marín, una mujer trans, que fue detenida, violada y tortura por la Policía.
La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estuvo presente el entonces Ministro, Félix Chero, así como altos funcionarios del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, representantes de Embajadas, Organismos Internacionales y la sociedad civil. Acto de reconocimiento de responsabilidad:
Durante el acto, Azul Rojas Marín encendió una vela junto al retrato de su madre Juana Rosa Tanta Marín, quien falleció de un infarto en el año 2017, sin poder ver justicia para su hija por más de diez años.
“Mi nombre es Azul Rojas Marín, tengo 48 años y he tenido pérdidas muy irreparables como la de mi madre”. “Muchos de los aquí presentes saben que ella fue un pilar fundamental —siguió la agraviada—. También es una luchadora y se fue con la convicción que esto iba a tener un resultado, que la lucha que iniciamos juntas no iba a quedar impune”.
Con esas líneas, la mujer que sobrevivió al abuso sexual y tortura por parte de tres policías abrió su discurso.
Es la primera vez que el Estado peruano repara públicamente a una integrante de la comunidad LGBTIQ+.
Quince años después de que se enfrascara en una batalla legal que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Perú admitió su responsabilidad internacional por una serie de irregularidades en la atención de un caso que dejó en libertad a los agresores.
“Esta es la nueva cara de los derechos humanos —continuó— me encuentro muy emocionada (...) Si hoy en día yo sonrío es porque ya me cansé de buscar culpables. Sonrío porque es mi mejor arma para conseguir lo que quiero. Sonrío porque mi corazón sigue siendo sincero y transparente y porque simplemente me merezco ser feliz”.
El acto responde a las diez reparaciones vinculantes en las que se encuentra, además, proveer asistencia médica y psicológica a Azul, adoptar protocolos de investigación y administración de justicia en casos de violencia a sus miembros, y elaborar un plan para sensibilizar y capacitar a agentes estatales sobre la violencia.
La Corte continúa monitoreando el cumplimiento de esta Sentencia:
Reparaciones pendientes de cumplimiento aquí.
Reparaciones declaradas cumplidas aquí.
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