Mensaje de la Presidenta de la Corte IDH Jueza Nancy Hernández López en la Apertura del Año Judicial Interamericano 2024
I. Agradecimientos y reconocimientos en el marco de la toma del cargo de Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Les doy la más cordial bienvenida al Acto de Inauguración del Año Judicial Interamericano 2024. Agradezco su presencia en este emblemático auditorio y saludo a quienes nos siguen por medio de la transmisión en redes sociales. A través de este acto marcamos de manera formal el inicio de la labor jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este año. Esta es una tradición instaurada como un acto de transparencia, diálogo y rendición de cuentas a la región.
En primer término, quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis colegas Jueces y Juezas de la Corte por la confianza depositada en mí para presidir esta institución durante los próximos dos años. Asumo este gran honor con compromiso y responsabilidad.
Además, debo decir que es un gusto compartir la mesa Directiva con el distinguido jurista brasileño Rodrigo Mudrovitsch. Desde que asumió su posición como Juez, ha demostrado un compromiso incansable en la promoción del fortalecimiento de nuestra institución en la región. Me siento enormemente respaldada y le agradezco sinceramente su constante compañerismo y apoyo.
También es propio reconocer la destacada labor llevada a cabo por la mesa Directiva saliente de este honorable Tribunal.
Quiero reconocer el admirable trabajo desempeñado por el Juez Ricardo C. Pérez Manrique en su función como Presidente, y por el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en su rol de Vicepresidente. Ambos, con su dedicación y pericia, han sido pilares fundamentales en la conducción de los trabajos de nuestra Corte, logrando avances significativos en áreas cruciales como las políticas de comunicación, la capacitación y la proyección de las actividades de este Tribunal. Sus valiosos aportes han contribuido sin lugar a duda al fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También es propio reconocer en este acto, la valiosa contribución de mis colegas, el Juez Humberto Antonio Sierra Porto, las Juezas Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg, quienes con su profundo compromiso y tenacidad intelectual y académica han fortalecido la calidad de nuestro trabajo. A estos agradecimientos debo sumar al personal de la Corte Interamericana. Su dedicación inquebrantable y compromiso con los derechos humanos marca la diferencia y hace posible nuestra labor como Jueces y Juezas.
Quiero señalar que asumo esta honrosa designación con un profundo orgullo de mis raíces costarricenses. Me enorgullece haber nacido en un país que ha apostado por su desarrollo a través de la fuerza del derecho en lugar de las armas. País que tiene como pilar fundante de su Estado de Derecho y su política pública, la protección de la libertad, los derechos humanos y la justicia, elementos indispensables para la estabilidad y paz social.
Como cualquier nación, Costa Rica enfrenta desafíos en el perfeccionamiento de sus ideales democráticos, pero su voluntad es sólida y persistente en este esfuerzo. Por ello, me llena de orgullo anunciar que, en el año 2023, Costa Rica logró alcanzar el 100% de cumplimiento de sus Sentencias ante esta Corte. Esto es algo muy importante y merece ser enfatizado porque en ningún caso, cumplir con una Sentencia de la Corte es una tarea sencilla, por la vocación estructural y transformadora de las Sentencias.
Señor Presidente de Costa Rica, en nombre de la Corte Interamericana reciba nuestro reconocimiento por el ejemplar compromiso del Estado costarricense con los principios de la Convención Americana. Reconocimiento que hago extensivo al señor Canciller de la República y su personal. Agradecemos a Costa Rica también por brindar siempre las condiciones apropiadas para el funcionamiento de este Tribunal como país sede desde su fundación.
Sin duda la apuesta de Costa Rica por la paz no es solo un ejemplo regional, sino también un recordatorio de que, un enfoque basado en los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
II. Rendición de cuentas respecto al trabajo de la Corte Interamericana durante el año 2023
En este acto de rendición de cuentas, corresponde, destacar alguna información ilustrativa de la labor del Tribunal durante el período pasado. No obstante, quiero darle un mayor énfasis en este espacio, a algunas reflexiones sobre el contexto de la región y los retos que nos plantea el presente y futuro. Reservaré los detalles comprensivos de la totalidad del trabajo del Tribunal para el informe anual de rendición de cuentas que se presentará ante la Asamblea General de la OEA en junio próximo, en cumplimiento del mandato establecido por la Convención Americana y que desde luego estará a disposición mediante la página web del Tribunal.
Me complace anunciar que, en el ámbito de la gestión del despacho, al analizar las estadísticas del desempeño de la Corte, el año 2023 es el año con mayor producción jurisdiccional. Se observa una tendencia histórica al alza en la emisión de Sentencias de Fondo. Además, se destaca un incremento significativo en las diligencias realizadas fuera de su sede, abarcando otros Estados de la región, ya sea para sesiones o para llevar a cabo diligencias in situ.
Cabe resaltar los notables esfuerzos de la Corte durante el año 2023, en sus políticas de apertura, transparencia, comunicación y capacitación dirigidas hacia toda la región. Estos indicadores reflejan el compromiso continuo de la Corte Interamericana con la excelencia, la transparencia, la participación activa y la mejora constante en su labor jurisdiccional.
A manera de ejemplo, en el último año la Corte celebró nueve (9) Períodos Ordinarios de Sesiones, dos de ellos fuera de su sede, gracias a la hospitalidad de Chile y Colombia quienes nos acogieron para realizar audiencias públicas de casos y audiencias de supervisión de Sentencias. Adicionalmente se realizaron diligencias judiciales in situ en Honduras y Brasil, en total 4 visitas en distintos países lo que nos permitió conocer directamente la situación en la que se encuentran diversos Estados en relación con los casos ante la Corte. Incluyendo la visita en Brasil, al territorio amazónico Yanomami para la supervisión del cumplimiento de Medidas Provisionales y a Brasilia para la supervisión de Sentencias. Tengo que agradecer la voluntad y cooperación de las autoridades del Gobierno de Brasil para abordar la problemática, que enfrentan el Pueblo Indígena Yanomami. Este caso ilustra la complementariedad y sinergia entre el Sistema Interamericano y los esfuerzos conjuntos de los Estados, uniendo fuerzas en nuestra misión compartida de fortalecer la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
Además, en el período pasado se observa un aumento en el cumplimiento de Sentencias y de aceptación de responsabilidad internacional de los Estados. En el tema de cumplimiento total de Sentencias se archivaron 7 casos por cumplimiento total de los Estados y se declaró el cumplimiento parcial o total de 128 reparaciones. También se ha dado un aumento en el número de casos en que los Estados han aceptado su responsabilidad internacional en forma total o parcial.
A primera vista, esta dinámica permite interpretar un compromiso más evidente por parte de los Estados en el cumplimiento de las Sentencias. Como bien saben, la gran mayoría de estas Sentencias poseen un carácter estructural, con una enorme complejidad e impacto. Por ende, la evaluación de su implementación debe llevarse a cabo mediante parámetros distintos a los numéricos que se utilizan para medir el desempeño de las jurisdicciones internas, para casos inter-partes, considerando otros aspectos, como su resonancia y vocación transformadora. Es fundamental reconocer que muchos de los casos presentados ante el Tribunal surgen de problemas estructurales arraigados durante décadas, e incluso siglos. Por ejemplo, cuando hablamos de casos relacionados con Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Desarticular estos problemas de raíz demanda acciones y compromisos a largo plazo por parte de los Estados.
Como muchos de ustedes sabrán, el énfasis del Tribunal en materia de reparaciones trasciende las obligaciones económicas y se basa en un esquema de reparación integral. Este esquema es uno de los grandes aportes de la Corte Interamericana al Derecho Internacional, caracterizado por medidas comprensivas que requieren la investigación de los hechos, medidas de satisfacción y, sobre todo, garantías de no repetición que abordan cambios legislativos o constitucionales, así como el diseño y la implementación de políticas públicas, entre otras medidas.
Este enfoque integral y a largo plazo es crucial para abordar y solucionar los desafíos estructurales que subyacen en los casos presentados ante el Tribunal. Por eso celebramos el aumento en el número de casos archivados por cumplimiento total, el aumento en el número de casos de cumplimiento parcial y un dato muy significativo que es el número de casos en que los Estados han aceptado voluntariamente su responsabilidad internacional. Eso demuestra una voluntad y compromiso firme y de la gran mayoría de los Estados de la región con la Convención Americana y sus valores.
III. Aportes de la Corte Interamericana a la región
Es importante recordar que la Corte Interamericana comenzó su labor en 1979, en un contexto extremadamente adverso, y en una región asediada por regímenes dictatoriales.
Por medio de sus estándares de esos primeros años, la Corte fungió como un catalizador que contribuyó significativamente a la transición de dictaduras a democracias. Con el telón de fondo de la guerra fría, en un momento de dictaduras en donde cualquier disidencia podía causar la muerte, esta Corte fue pionera en desarrollar los elementos y características del delito de desapariciones forzadas; abordó casos vinculados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso excesivo de la fuerza, la incompatibilidad de leyes de amnistía, debido proceso, protección judicial y acceso a la justicia, entre otros aspectos legales que fueron relevantes en el proceso de desarticulación de las dictaduras en la región.
Entre algunos de los impactos significativos a lo largo del tiempo también podemos mencionar los casos relacionados con violaciones a los derechos de pueblos indígenas en donde se han verificado avances notables. Por ejemplo, en el caso del derecho de propiedad, por disposición de la Corte los países han implementado medidas como la titulación de cientos de hectáreas de tierras comunales, acuerdos para delimitar grandes territorios y garantizar acceso al agua, entre otros. Estas son deudas históricas saldadas con los pueblos indígenas y Tribales, aunque aún queda mucho camino por recorrer.
En relación con el fortalecimiento de la democracia, la Corte ha desarrollado amplios estándares en materia de libertad de pensamiento y expresión y prensa. Ha visibilizado y protegido a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo estándares relevantes para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, Pueblos Indígenas y Tribales, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas LGTBI, privadas de la libertad, desplazadas forzadas, periodistas y personas en situación de pobreza.
En el ámbito de los derechos de las mujeres, la Corte ha establecido estándares sobre la debida diligencia en la investigación de casos de violencia, utilizando una apropiada perspectiva de género entre otros y se ha pronunciado sobre materias innovadoras como la violencia obstétrica. Lamentablemente tengo que reconocer que a pesar de los avances en materia de violencia de género la región exhibe alarmantes retrocesos.
La Corte también ha desarrollado la importancia de mantener la independencia judicial como pilar fundamental de la democracia con mano firme en los casos de destitución injustificada de jueces o magistrados de altas cortes. Ha reconocido la relevancia de los derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de la defensa a los derechos humanos. Ha desarrollado también, importantes precedentes sobre los derechos políticos y la libertad de expresión de partidos políticos de oposición, así como casos relacionados con la responsabilidad del Estado por la represión y el exterminio de personas motivadas por la ideología política. Ha abordado los derechos de los trabajadores, la libertad de asociación y sindical, así como el derecho a la estabilidad laboral. Asimismo, ha abordado temas relacionados con los derechos a la salud y culturales. Ha establecido los estándares de debido proceso, entre estos, aquellos necesarios para que una prisión preventiva sea legítima. La Corte ha contribuido a la tipificación de conductas constitutivas de graves violaciones de derechos humanos, la limitación de la jurisdicción penal militar para casos de graves violaciones de derechos humanos, y la protección del derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria como un elemento integrante del debido proceso. Ha establecido y aún viene trabajando en estándares en la relación entre derechos humanos y medio ambiente.
Estos y otros grandes aportes jurisprudenciales durante sus 45 años de existencia, son el reflejo de la gran diversidad o variedad de temas que aquejan a la región en materia de derechos humanos. Pero que tienen un impacto global, como también lo son los recientes temas planteados ante el Tribunal sobre la emergencia climática, el derecho al cuidado y el uso de armas, tres temas que llegaron a la Corte a través de Opiniones Consultivas y cuya relevancia trasciende las fronteras de las Américas.
Los Estados Unidos Mexicanos presentaron una Solicitud de Opinión Consultiva sobre las actividades de las empresas y sus efectos en los derechos humanos con el objeto de que esta Corte se refiera a cuestiones sobre la falta de debida diligencia, prácticas negligentes y/o intencionales por partes de empresas privadas relacionadas con la industria de armas de fuego, que facilitan su tráfico ilícito y su disponibilidad indiscriminada entre la sociedad. Argentina, presentó una Solicitud de Opinión Consultiva para que la Corte decida sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado como derecho humano, así como su interrelación con otros derechos. Chile y Colombia presentaron una Solicitud de Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Su propósito es determinar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta las afectaciones diferenciadas de dicha emergencia sobre personas en diversas regiones, grupos poblacionales, la naturaleza y la sobrevivencia humana en nuestro planeta. Quiero tomar esta oportunidad para confirmar que, la Corte estará llevando a cabo dos de las audiencias públicas vinculadas con esta Opinión Consultiva en Barbados y Brasil, gracias a la colaboración de estos Estados, escuchando in situ, los impactos particulares de este fenómeno en la región caribe y en la Amazonía.
Los problemas que se atenderán en estas Opiniones Consultivas no solo afectan a la región, sino que tiene trascendencia a nivel global. La Corte toma conciencia de ello y buscará dar respuestas, dentro del marco de sus competencias, para resolver estos apremiantes cuestionamientos. Toda esta actividad jurisdiccional, de Medidas Provisionales, Casos Contenciosos, visitas in situ, Supervisión de Cumplimiento y Opiniones Consultivas, reflejada en las distintas dinámicas que aborda el Tribunal, se complementa con su labor de proyección regional, en capacitación, divulgación y producción académica, ante la demanda cada vez más creciente de funcionarios públicos, la sociedad civil y academia por el estudio y fortalecimiento del Sistema Interamericano.
En esta área destaca la creación del Centro de Formación Judicial Corte Interamericana de Derechos Humanos y el establecimiento del Canal Judicial Corte TV durante la Presidencia del Juez Ricardo C. Pérez Manrique.
IV. Democracia y derechos humanos
A pesar del impacto trascendental de la Corte a lo largo de estas décadas, y de los significativos esfuerzos de los Estados por fortalecer la democracia, nuestra región enfrenta aún muchos desafíos.
En nuestra región persiste el anhelo de poder expresar nuestras diferencias de opinión sin temor a ser asesinados, torturados o desaparecidos. Todavía aspiramos a tener entorno en el que la condición de ser mujer, el color de la piel, la orientación sexual, la posición económica, la edad, una discapacidad u otras características no definan el acceso a las oportunidades. Aspiramos a ser una región en se pueda profesar una religión o no, en el ejercicio de la libertad de pensamiento, pero donde se respete a quienes sí la profesan y sobre todo a los sacerdotes que sirven al prójimo, y a los defensores de derechos humanos que auxilian las personas más débiles o vulnerables.
Una región donde se imponga la libre y sana discusión de ideas, en lugar de la opresión, el destierro y el despojo de la nacionalidad, la muerte, la prisión por la más mínima disidencia. Imaginamos una región en la que cada individuo sea libre de perseguir sus sueños y objetivos, sin verse limitado por prejuicios injustos o barreras discriminatorias.
Sabemos que, en la mayoría de los países, aún se mantiene firme la lucha por el respeto de la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Esta aspiración ha sido un vínculo que nos une en la esperanza de un futuro diferente, donde puedan coexistir valores fundamentales como la libertad y la seguridad, sin ser vistos como trabas para el desarrollo. Debemos regresar a la letra misma de la Convención, que establece que su propósito es consolidar en nuestro continente ‘‘un régimen de libertad personal’’. Los derechos humanos son la llave para esa protección integral de la libertad.
Lamentablemente en algunos países hay corrupción institucionalizada, opresión, violencia y alianza con el crimen organizado a costa de su población. La intensa actividad del Sistema Interamericano como un todo, su historia, y trayectoria demuestran que en la mayoría de los países de la región hay una lucha permanente, por no claudicar en un desarrollo que prioriza la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Donde haya ese anhelo y esperanza, ahí es donde vive la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí está la razón de ser del Sistema Interamericano.
Hago un fuerte llamado para que la violencia que varios países de la región están viviendo no sea disimulada y las víctimas no sean olvidadas. Aquí en presencia de la comunidad Diplomática de la región, los insto a mantener viva la voz de los presos políticos de Nicaragua que incluyen estudiantes, campesinos, indígenas, sacerdotes, obispos, y disidentes en general.
Creo que existe una responsabilidad ética y moral de los Estados de la región de ser firmes frente a estas atrocidades. Esta Corte ha cumplido su parte y ha actuado con firmeza en el ejercicio de sus competencias, pero se requiere la fuerza y acción colectiva de la comunidad internacional para conseguir su cometido, sobre todo el respaldo de la región cuyo crecimiento y desarrollo sobre la base de los derechos humanos defendemos.
El mensaje debe ser claro: el poder debe ser un medio para servir y no para oprimir.
V. Desafíos cruciales
Por otro lado, en la actualidad, nos encontramos ante otros desafíos cruciales: el cambio climático y la inteligencia artificial sin regulación.
Estamos siendo testigos de eventos climáticos extremos. Durante estos últimos días he seguido con atención los acontecimientos en Colombia vinculados con los incendios forestales, como consecuencia del Fenómeno del Niño. Este evento solo es uno de los muchos desastres naturales que impactan la biodiversidad de las Américas, siendo esta la más rica del mundo. Migraciones forzadas, cambio de patrones climáticos, afectaciones directas a poblaciones indígenas, tribales y en aislamiento son solo alguno de los efectos inminentes que vemos día a día como consecuencia de los daños que se ocasionan al planeta. La urgencia de abordar la emergencia climática es innegable; es una lucha por la supervivencia de nuestro hogar común.
Por otro lado, la inteligencia artificial emerge como una fuerza poderosa para el progreso, pero es a la vez, potencialmente peligrosa. A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más automatizado e interconectado, debemos abordar con sabiduría y precaución el desarrollo de esta tecnología. Por primera vez en la historia de la humanidad, existe una inteligencia no humana con capacidad de tomar decisiones en forma totalmente autónoma, con capacidad de afectar a toda la humanidad, sin que exista mayor regulación al respecto, lo cual nos plantea desafíos éticos y de seguridad sin precedentes.
Y en medio de este panorama, -que hay que sumarle el aumento de las guerras- como si fuera poco, nuestra región tiene que cargar además con desafíos propios que pesan como un lastre sobre su desarrollo. Es una región que se perfila como la región con menor crecimiento económico en los próximos años. Además, sufrimos de un retroceso democrático que amenaza con borrar de un plumazo siglos de avance y sacrificio, tirando por la borda la defensa de valores fundamentales de convivencia como la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia.
También tenemos el flagelo del narcotráfico y crimen organizado que corrompen nuestro pacto social y es de las peores amenazas que existen sobre los derechos humanos y la democracia.
Sinceramente, no creo que tengamos la capacidad de abordar estos retos desde la individualidad de los Estados, mucho menos creo que pueden ser resueltos fuera del marco del Derecho Internacional, del multilateralismo y, ciertamente, tampoco creo que, abonando a las desgracias mencionadas, podamos vivir sin derechos básicos de convivencia que son esencialmente los conocidos como derechos humanos o debilitando el Estado de Derecho. Y es que dentro de toda esta convulsión que enfrentamos en la actualidad, aparte de los peligros ya señalados, existe un marco de erosión de las democracias occidentales que amenaza con socavar los cimientos mismos de nuestras libertades y principios fundamentales.
VI. Mitos alrededor del trabajo de la Corte Interamericana
En las últimas décadas, estas nuevas corrientes han propagado una serie de mitos y noticias falsas para promover o justificar medidas radicales que desafían el marco del orden legal establecido. En este preocupante contexto, vivimos un ataque frontal contra los derechos humanos, poniendo en riesgo las garantías básicas que protegen nuestra dignidad y libertad. Dentro de este ataque se ha propalado una campaña de desinformación para deslegitimar la causa de los derechos humanos y el trabajo de las Cortes, Tribunales y contrapesos del ejercicio del poder, a nivel interno en los Estados, y también contra los Organismos Internacionales que buscan trabajan por estos ideales. Quiero en este apartado de mi intervención, referirme a algunos de esos mitos y abordar los cuestionamientos a la Corte:
Primer mito: existe una dicotomía entre seguridad y libertad.
Sin duda alguna, el terrorismo, el crimen organizado y, el narcotráfico son fenómenos que afectan con destruir nuestro pacto social. La Corte Interamericana no está aislada de los pesares de la región. Compartimos las preocupaciones de las familias y condenamos los aberrantes crímenes cometidos por grupos al margen de la ley. Por supuesto, en su Jurisprudencia la Corte ha afirmado la facultad de los Estados para garantizar la seguridad ciudadana. Es totalmente legítimo que los Estados hagan frente de manera directa y oportuna a quienes actúan fuera de la ley. No obstante, las medidas restrictivas de derechos deben ser proporcionales y no violentar derechos humanos. Solo la superioridad moral del Estado de Derecho puede hacer frente a estos casos.
El Estado no puede ensuciarse las manos, ni actuar como un criminal común. La historia tiene innumerables ejemplos de cómo estos abusos llevan a las épocas más oscuras de la humanidad. La democracia nos provee de suficientes herramientas legales para hacer frente a las realidades más crudas de la delincuencia. La Convención Americana por ejemplo, permite que, en estados de emergencia, se suspendan determinados derechos en situaciones específicas y excepcionales.
La Corte ha analizado y dado parámetros específicos para la aplicación de estas situaciones excepcionales. Por lo tanto, es falso que la Corte no busque mantener la seguridad de las personas. Por el contrario, se han establecido directrices sólidas para que los Estados garanticen el bienestar de sus ciudadanos sin menoscabar sus derechos fundamentales. Libertad y seguridad no son valores antagónicos, no tenemos que escoger uno u otro. Por el contrario, se necesitan mutuamente. Hay suficientes herramientas dentro del marco del Estado de Derecho y la democracia para poder equilibrar estos dos esenciales valores.
Segundo mito: Los derechos humanos buscan favorecer únicamente a los criminales.
A menudo escuchamos expresiones como ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia? Por supuesto que escuchamos estas expresiones y entendemos la preocupación de la desinformación que generan. En primer lugar, debemos comprender que la Corte no juzga responsabilidades individuales. No somos una Corte Penal, por lo que no determinamos responsabilidades de personas que incumplen la ley. Lo que juzgamos es la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones asumidas bajo el tratado que nos dio vida, la Convención Americana. Tratado que los Estados, soberanamente se obligaron a cumplir. En esta línea, la Corte juzga aquellos abusos o violaciones a estos derechos reconocidos en el Tratado.
Históricamente, en tiempos en que existían abusos sistemáticos por parte de gobiernos dictatoriales, fue la Corte la que puso freno a prácticas como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada. No se puede ensuciar la imagen de la Corte porque haya dado señales de alarma en casos donde a personas no se les haya juzgado debidamente, existan jueces sin rostro o prevalezca la corrupción, la tortura, parcialidad y falta de independencia en su juzgamiento.
Además, esta no es la gran mayoría de casos que atiende nuestra jurisdicción. La gran mayoría de casos que conoce este Tribunal son aquellos en que las víctimas se ven despojadas de su humanidad. Una niña víctima de una violación sexual que debe relatar una y otra vez su caso y pese a ello no ser creída (Caso VRP Vs. Nicaragua). Una comunidad indígena masacrada (Masacres como Dos Erres Vs. Guatemala). Un adulto mayor al que se le niega el acceso a una unidad de cuidados intensivos. porque para qué darle a una persona mayor algo que puede servir para una persona más joven (Caso Poblete Vilches). O un caso como el de Martina una niña, que fue diagnosticada con atrofia muscular espinal, una enfermedad grave y progresiva, a quien la compañía de seguros desamparó frente a una enfermedad potencialmente mortal. (Vera Rojas y otros Vs. Chile). Todos estos son casos reales y son las víctimas de los casos que ve la Corte.
La próxima vez que escuchen que la Corte IDH es un Tribunal que defiende delincuentes hay que revisar los desgarradores testimonios de cientos de víctimas de la gran mayoría de casos que no han sido tuteladas oportunamente en el derecho interno.
Tercer mito: La Corte Interamericana está financiada por intereses particulares y para favorecer determinada agenda.
Muchos afirman, sin sustento, que la Corte recibe financiamiento por parte de intereses espurios, dirigidos a condicionar fallos y la agenda de la Corte. En este punto quiero ser enfática, eso es absolutamente falso.
La Corte Interamericana no recibe contribuciones que vayan dirigidas a favorecer temas o países determinados. Muchas veces he escuchado con total preocupación voces señalando que la Corte recibe financiamiento con intereses impuestos por el donante o que el donante es quien maneja la agenda de la Corte. Esto es absolutamente falso.
Las contribuciones que vienen por fuera del presupuesto regular de la OEA se destinan al desarrollo institucional. Nuestro presupuesto proveniente de la OEA quien finanza el 71.27% de los fondos necesarios para que el Tribunal opere. Este financiamiento por supuesto es insuficiente.
Por ello, la Corte se ha visto obligada a buscar financiamiento complementario a través de proyectos de cooperación internacional o contribuciones voluntarias de Estados Miembros, fondos que permiten realizar visitas in situ, capacitaciones audiencias fuera de la sede, facilitar apoyo psicológico durante audiencias, entre otras actividades dirigidas a proteger los derechos de las personas que participan en un proceso ante la Corte Interamericana.
En ningún caso estas donaciones provienen de bolsillos de personas particulares, organizaciones no gubernamentales o empresas. La Corte rinde cuenta de manera transparente ante la OEA de su presupuesto anual, comparece ante el Consejo Permanente y ante la Asamblea General de la OEA para esos efectos. Asimismo, sobre el dinero complementario -que repito son fondos públicos de los Estados cooperantes-, se rinden cuentas particulares a esos Estados. Los datos sobre el financiamiento de la Corte y cartas de gerencia de los encargados de hacer las auditorías al presupuesto de la Corte, de ahora en adelante, van a constar en una pestaña específica en la página web de la Corte a disposición del público.
Cuarto mito: Los derechos humanos son para los otros.
El enunciado "Los derechos humanos son para otros, no nos conciernen a todos" refleja una perspectiva errónea y peligrosa que socava los principios fundamentales de la dignidad humana y la igualdad inherentes a la idea de derechos humanos. Es esencial comprender que los derechos humanos están interconectados y son interdependientes.
La negación de ciertos derechos a un grupo de personas afecta directa o indirectamente a toda la sociedad. Por ejemplo, la privación del derecho a la educación de una parte de la población no solo afecta a esos individuos, sino que también tiene repercusiones en el desarrollo general y la estabilidad social.
La noción de que los derechos humanos no nos conciernen a todos, ignora las consecuencias devastadoras de la negación de estos derechos. Situaciones como la discriminación, la violencia generalizada y específicamente la violencia de género, la tortura o la falta de acceso a servicios básicos, representan violaciones flagrantes de los derechos humanos y generan ciclos perpetuos de desigualdad y sufrimiento que tarde o temprano alimentan estallidos sociales o guerrillas.
Vivir en una sociedad que niega o minimiza la importancia de los derechos humanos implica una responsabilidad colectiva. El peligro de pensar que los derechos humanos son únicamente de los otros es que en cualquier momento podemos vernos en una situación en que se afecten nuestros derechos, los de nuestros hijos, hijas, o familiares.
Por ello importa tanto el debido proceso y la independencia judicial, porque es un derecho de la ciudadanía, son derechos de todas y todos para evitar los abusos de poder. No podemos esperar hasta vernos en una situación de indefensión total, hasta comprender el verdadero valor que tienen los derechos humanos para todas y todos.
Quinto mito: Los derechos humanos son de izquierda.
La constante afirmación que los derechos humanos pertenecen al espectro político de la izquierda de nuestras sociedades es uno de los mitos más dañinos y equivocados.
Los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Desde su concepción, los derechos humanos trascienden las divisiones políticas y se fundamentan en principios éticos y legales universales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, probablemente una de las mayores conquistas de la humanidad, representa que es posible tener valores universales que se adapten a todas las culturas, religiones y partidos políticos existentes.
Cuando la Corte ha actuado señalando violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos de izquierdas, se le acusa a nivel interno de ser de derechas. En sentido contrario, cuando se determinan violaciones cometidas por gobiernos de derecha, se dice que actúa con una agenda de izquierda. La Corte Interamericana, como se puede apreciar de los ejemplos mencionados ve temas de familia, niñez, propiedad privada, vida, libertad de expresión y pensamiento, ambiente, discriminación, en fin, una gran variedad y diversidad de temas que tutela la Convención Americana, en beneficio de todas las personas, porque los derechos humanos, son de todas las personas.
Sexto mito: El desarrollo económico en sí mismo debe ser al objetivo principal para lograr el bienestar de nuestras sociedades.
Así como existe la falsa dicotomía seguridad Vs. derechos humanos, coexiste el mito de que las garantías del Estado de Derecho son un freno para el progreso. Generan costos, atrasan proyectos, toman tiempo que factores que restan competitividad. Ingobernabilidad es la palabra que se usa de cortina. Este mito refleja una perspectiva desfasada. Contrariamente a esta creencia, el desarrollo económico sostenible va de la mano con la equidad social y la preservación del medio ambiente.
Los derechos humanos y el Estado de Derecho proporcionan el marco ético y legal para un desarrollo inclusivo y beneficioso para toda la sociedad. La promoción de los derechos humanos contribuye a sociedades más equitativas e inclusivas, fortaleciendo la base social y fomentando un entorno empresarial ético y un entorno favorable para la gestión de negocios.
La participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones son aspectos esenciales, y las empresas que respetan los derechos humanos tienden a ser sostenibles y exitosas a largo plazo. Si queremos valorar la importancia de lo que trae en juego el marco de derechos humanos, pensémoslo en negativo. Es decir, lo contrario a esto significaría la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad. Ahora consideremos si este escenario negativo atrae o ahuyenta inversiones.
Un ejemplo destacado es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuya misión de diseñar mejores políticas se centra en promover la igualdad de oportunidades y el bienestar para todas las personas, integrando así una perspectiva de derechos humanos en el desarrollo. Por su parte, en un mundo globalizado la mayoría de los tratados de inversión y de libre comercio cuentan con cláusulas de derechos humanos, buscando asegurar que se respeten los derechos humanos a la vez que se asegura las inversiones y su impacto en el desarrollo sostenible de un país.
La inversión y los derechos humanos no son solo compatibles, sino que se complementan. La regla costo-beneficio aplica en este sentido, porque el costo del incumplimiento de derechos humanos es mucho mayor que los beneficio que podría traer una inversión que no respeta los estándares mínimos.
Ciertamente la inversión extranjera directa es cada vez más renuente a invertir en países que basan su modelo de desarrollo en mano de obra infantil, explotación laboral, uso de pesticidas contaminantes por ejemplo o que las reglas del juego de la economía, es decir el respeto a la propiedad privada, la libertad de comercio, dependan de la voluntad de un dictador o una casta a la que le rinden pleitesía los otros poderes.
Primero porque los consumidores son cada vez más exigentes en boicotear mercados y productos que no representen valores de dignidad humana y las empresas cada vez más cuidan su marca para no ser asociados con malas prácticas, ya que varios de los grandes mercados del mundo exigen para el ingreso de sus productos certificaciones de calidad que incluyen el escrutinio básico del respeto a ciertos derechos humanos de los productores y sus cadenas de suministros. Un sólido Estado de Derecho, con una buena reputación en su compromiso con las libertades y derechos humanos fundamentales, es un valor agregado a la hora de competir en los mercados internacionales.
De la misma manera, la Corte tiene una importante Jurisprudencia donde destaca el rol de las empresas en el respeto de los derechos humanos. Comprendiendo la relevancia que tienen estas para el desarrollo, así como la especial importancia que tienen en América Latina las emprendedoras y los emprendedores. No podríamos decir nunca que los derechos humanos son contrarios a las empresas. Todo lo contrario, las empresas son aliadas importantes en el desarrollo sostenible y en el respeto de los derechos humanos.
La economía y los mercados no se sostienen en el aire. Dependen de un entorno que solo el marco del estado de derecho y una fuerte institucionalidad pueden dar para garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones. Los mecanismos del Estado de Derecho, en especial de la fortaleza de cortes se erigen como válvulas de escape a la tensión social, con capacidad de resolver grandes conflictos estructurales por medio del derecho que amenazan la estabilidad de las naciones. Conflicto que no se aborde por medio de los mecanismos pacíficos y dentro del marco del Estado de Derecho, germinará en estallido y violencia social sin duda alguna, tarde o temprano. Por eso he señalado reiteradamente, que lo que no se invierta en justicia, se pagará con intereses en descomposición social.
Con estas palabras le contesto al sector del empresariado que creen que el Estado de Derecho es prescindible para hacer negocios. Por el contrario, los derechos humanos y sus instituciones garantes del desarrollo son una inversión, no un estorbo.
VII. Desafíos institucionales del Tribunal
Finalmente, quiero abordar algunos de los grandes desafíos inmediatos que a largo plazo que enfrenta esta Institución.
1. Reducción de los plazos y la duración de los casos.
Los casos no pueden seguir durante tanto tiempo en trámite ante la Comisión Interamericana. El tiempo que pasan oscila entre 10 a 12 años. Este plazo afecta a las víctimas, a los Estados y en definitiva al acceso a la justicia. La solución no recae en la Corte, pero hacemos un llamado para pensar alternativas de respuesta para hacer llegar justicia a las víctimas de una manera pronta. Tenemos que ser capaces de pensar formas para mejorar el acceso y fortalecer a la justicia interamericana.
2. Presupuesto.
Ha llegado el momento de dotar a la Corte de un presupuesto que permita hacer un trabajo de manera previsible y de acuerdo con las necesidades de la región. De los tres Tribunales Regionales en derechos humanos que existen en el mundo, este es el tribunal con menos presupuesto a pesar del gran impacto que tienen sus decisiones.
3. Jueces de tiempo completo.
Creo que ha llegado el momento que empecemos a pensar seriamente que los próximos años podamos contar con Juezas y Jueces de dedicación exclusiva. La carga de trabajo y el impacto que tienen las decisiones del Tribunal ameritan Jueces de dedicación exclusiva. Actualmente estamos trabajando prácticamente de tiempo completo, porque se sesionan 22 semanas al año, y el estudio y preparación de esas Sesiones requiere un tiempo equivalente fuera de Sesiones.
4. Implementación de un Sistema Informatizado de Expediente Digital.
Actualmente, la Corte Interamericana no posee un sistema de expediente digital. La adopción de esta tecnología es esencial para mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad de nuestros procesos. Un sistema digitalizado facilitaría la gestión y seguimiento de casos, permitiendo una mayor agilidad en la toma de decisiones y un acceso más sencillo a la información para todas las partes involucradas.
5. Elección de nuevos Jueces y Juezas.
Próximamente, la Asamblea General de la OEA procederá a la elección de tres nuevos colegas para este Tribunal. En este proceso, es imperativo buscar candidatos y candidatas que encarnen la probidad, excelencia y compromiso, valores que han distinguido a nuestros colegas. Aunque la Corte Interamericana no participa directamente en estas elecciones, es vital que como ha sido tradicional, se busquen juristas renombrados, de reconocida integridad y ética para ejercer esta alta responsabilidad.
6. Fortalecimiento del relacionamiento con Jueces y operadores judiciales de la región.
Queremos fortalecer la relación con los jueces y las juezas y operadores de justicia de América, compartiendo Jurisprudencia y aprendiendo unos de otros de los temas del derecho más apremiantes de la región. Esperamos poder empezar este 2024 con una importante iniciativa de relacionamiento que permita, compartir experiencias y herramientas y aprender uno de los otros y buscar soluciones conjuntas a los problemas de la región, cada uno dentro de sus competencias. Para esto estaremos intensificando el diálogo y nuestros proyectos de cooperación judicial.
VIII. Cierre y agradecimientos. Reflexión.
Quisiera concluir esta intervención instándolos a que hagamos el propósito para que, en tiempos de información falsa, combatamos con la verdad y tomémonos el tiempo de educar y dialogar.
Frente al autoritarismo, no perdamos de vista la esencia de la democracia y sus beneficios para la paz y el desarrollo económico. Contra la inseguridad, fortalezcamos el Estado de Derecho y busquemos soluciones a las causas que la alimentan.
Frente a la corrupción, aboguemos por la transparencia y la integridad. Ante la indiferencia, promovamos la solidaridad y el respeto. En la lucha contra el cambio climático, avancemos hacia un desarrollo integral y sostenible.
Libertad, justicia, seguridad están en el corazón de la Convención Americana junto con muchos otros derechos relevantes que a todas y todos nos conciernen. Todo esto son los derechos humanos, la mayor esperanza de la humanidad para combatir los males nos aquejan. Son sobre todo los principios que guían nuestra humanidad; son nuestro norte hacia un futuro más justo y equitativo.
En este nuevo año interamericano, renovamos nuestro compromiso con la dignidad humana, con los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, que unieron nuestra región en un momento de oscuridad, como fuente de luz y esperanza. Renovamos nuestro compromiso con los más altos valores de la justicia, y nos comprometemos a escuchar a nuestros críticos, a dialogar y mejorar todo aquello que sea necesario para que esta institución y los valores que inspiraron su creación siga siendo resguardo de aquellos que necesitan de justicia.
Muchas gracias.